El cumplimiento de la Constitución española

Los ministros y las ministras del Gobierno de Sánchez no pierden ocasión para acusar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de incumplir la Constitución española por no prestarse a aceptar los planteamientos del PSOE en la formación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Como en otras campañas similares contra Feijóo, lo de menos es el motivo por el que tratan de deteriorar su imagen. En esta ocasión es el acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial -del que muchos ciudadanos deben estar más que aburridos- quien les da motivos para descalificarlo todos los días. Como si el Gobierno tuviera autoridad moral o prestigio suficiente para juzgar a otros.

Las descalificaciones más llamativas llevan la autoría de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez García, porque aprovecha sus intervenciones en las referencias oficiales de los acuerdos del Consejo de Ministros para realizarlas. Siempre ha dicho Isabel que no comentaba cuestiones de partido o de Justicia desde el Consejo de Ministros, porque no eran objeto de acuerdos del Ejecutivo. Pero es habitual que haga valoraciones sobre estos temas cuanto algo no favorece al Gobierno, faltando a su palabra con frecuencia. Pues bien, dice que Feijoo no es de fiar, que miente, que no se puede negociar nada, ni siquiera jugar al parchís, que no tiene autonomía de decisión y otras lindezas similares, que más justamente se pueden atribuir a Pedro Sánchez y a su equipo.

También podemos pensar que, en realidad, la portavoz no falta a su palabra, sino que el efecto Feijóo se ha convertido en un asunto de debate intenso en los Consejo de Ministros y sobre el que se toman acuerdos para descalificarlo oficialmente. Si esto es así, hay que devolverle la fama a Isabel Rodríguez, porque entonces sí que está justificado que lo comente en la rueda de prensa del Consejo como uno de los principales temas de debate y acuerdo de los 22 ministros y de su presidente.

El hecho es que Isabel Rodríguez le inhabilita para ser líder de la Oposición, afirma que es insoportable que no cumpla la Constitución;  la ministra Pilar Alegría acusa a Feijóo de insumisión Constitución y de que "se dobla delante de las presiones de la derecha más reaccionaria y que sucumbe delante de las presiones de las fuerzas ultraconservadoras". Otro ministro, Bolaños, dice que no es de fiar, que le pillaron mintiendo y que no cumple la Constitución. El presidente del Gobierno sitúa a Feijóo fuera de la Constitución, y le califica de antisistema, en un típico alarde de sinrazón presidencial.

Pues bien, al mismo tiempo que hacen estas acusaciones, no paran de negociar con los separatistas catalanes los atajos para dejar de cumplir la Constitución en Cataluña. También están amenazando con aprobar una ley que reduzca las mayorías necesarias para elegir a lo miembros del Consejo General del Poder Judicial, maniobra que sería claramente inconstitucional.

Por mucho que lo diga todo el Consejo de Ministros y todos los dirigentes del PSOE, incluido Felipe González, recién convertido al sanchismo, la Constitución española no contempla que el partido de la Oposición tenga que aceptar los planteamientos del Gobierno para renovar este organismo.

La Constitución dice taxativamente que de los 20 miembros que componen este organismo, serán nombrados “cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros…”.

En otros aspectos de la elección de los miembros de este organismo, la Constitución se remite a una ley posterior que puede organizar las cosas en base a los principios constitucionales, pero sin mandato taxativo claro. En todo caso, se entiende que estamos ante una tarea de los responsables de las Cámaras y deberían ser ellos quienes llevasen el protagonismo de las negociaciones.

En concreto, el dato imperativo exige “una mayoría de tres quintos”. Pensar en maniobras que rebajen esta exigencia, incluso buscando apoyos en Europa, sería inconstitucional. Parece muy claro que para cambiar esta mayoría sería necesaria una reforma de la Carta Magna, o nombrar un Tribunal Constitucional que no cumpla la Constitución y permita tal vulneración. Cosa que no parece imposible con el Gobierno actual. @mundiario