Cuba, bajo máxima presión de EE UU: la energía como arma política
La nueva ofensiva petrolera de Washington busca acelerar un cambio político en la isla, con costes humanitarios y efectos geopolíticos difíciles de controlar.
La orden ejecutiva firmada por Donald Trump para penalizar a los países que suministren petróleo a Cuba marca un nuevo punto de inflexión en una relación histórica definida por el conflicto. Bajo el argumento de que La Habana constituye una “amenaza nacional”, Washington eleva la presión hasta un terreno especialmente sensible: el acceso a la energía. No se trata solo de sanciones directas, sino de un aviso al conjunto de la comunidad internacional, con aranceles como instrumento de disuasión. El mensaje es claro: quien ayude a sostener el funcionamiento básico de la isla pagará un precio.
Desde la Casa Blanca, la medida se presenta como un paso decisivo para provocar la caída del régimen castrista, que ha sobrevivido a más de seis décadas de bloqueo. Trump no ha ocultado su convicción de que Cuba “no podrá sobrevivir”, una afirmación que resume la lógica de una política basada en la máxima presión. El texto de la orden, extenso y deliberadamente ambiguo, deja en manos del propio presidente la aplicación concreta de los aranceles, tras informes de los departamentos del Tesoro y de Comercio. Esa discrecionalidad añade incertidumbre y multiplica el efecto intimidatorio.
El impacto potencial es inmediato. Cuba llega a esta nueva fase con un sistema energético ya debilitado por el colapso del suministro venezolano y por la reducción de envíos desde otros socios. Según cálculos del Financial Times, la isla dispone de reservas para apenas dos o tres semanas. México, a través de Pemex, había asumido en los últimos meses un papel clave como proveedor, con envíos que superaban los 17.000 barriles diarios. La suspensión de esos cargamentos a mediados de enero, y la amenaza de aranceles estadounidenses, colocan a Ciudad de México ante una decisión incómoda.
La asfixia energética vuelve al centro de la estrategia estadounidense hacia Cuba. El pulso con La Habana reordena alianzas y tensiones en toda la región
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido que los envíos de crudo responden a criterios humanitarios y a contratos comerciales legítimos, y ha insistido en que la ayuda humanitaria continuará. Sin embargo, la presión de Washington introduce un elemento nuevo: ya no se trata solo de la relación bilateral entre México y Cuba, sino del coste económico de desafiar la estrategia estadounidense. Para un país fuertemente integrado en el mercado norteamericano, el margen de maniobra es limitado.
En La Habana, la reacción ha sido de denuncia frontal. Desde la agencia estatal Prensa Latina se ha acusado a Estados Unidos de buscar un “genocidio” económico, alertando de un posible colapso de la generación eléctrica, el transporte, la industria o los servicios básicos. Más allá del tono, el argumento subraya una realidad incómoda: el castigo energético no distingue entre Gobierno y población. La historia reciente del embargo muestra que el sufrimiento cotidiano rara vez se traduce en cambios políticos inmediatos.
El contexto regional refuerza esa complejidad. Casi al mismo tiempo que se endurece el cerco sobre Cuba, Washington ha relajado sanciones al sector energético venezolano, permitiendo a empresas estadounidenses operar bajo condiciones estrictamente controladas. La apertura del petróleo de Venezuela, con reformas legales exprés y contratos sometidos a la legislación de EE UU y a tribunales estadounidenses, revela una estrategia coherente: reordenar el mapa energético del Caribe y América Latina bajo supervisión directa de Washington, premiando a unos y castigando a otros.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha insistido en que Estados Unidos no busca formalmente un cambio de régimen en Cuba. La afirmación suena, como mínimo, matizada por los hechos. Utilizar el acceso al petróleo como palanca política equivale a asumir que la presión económica extrema puede forzar transformaciones internas. Es una apuesta arriesgada, con antecedentes poco alentadores y con efectos colaterales que trascienden a la isla.
La asfixia petrolera puede debilitar aún más a la economía cubana, pero también tensiona relaciones diplomáticas, empuja a La Habana a buscar apoyos alternativos y consolida una lógica de bloques en la región. Más que una solución, la nueva ofensiva estadounidense parece prolongar un conflicto enquistado, en el que la energía vuelve a ser un arma y la población civil, una vez más, el principal rehén. @mundiario