Sombras en la gestión público-privada en los hospitales españoles

La fusión público-privada nació como una promesa de eficiencia, pero sus contradicciones internas —beneficio frente a cuidado, opacidad frente a control democrático, rentabilidad frente a salud comunitaria— revelan hoy un modelo que erosiona los principios esenciales de la sanidad pública.

Desde finales de los años noventa, con la aprobación de la ley que abrió la puerta a nuevas formas de gestión sanitaria en España (Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud), empezó a introducirse el modelo de concesión privada sobre centros públicos. Presidía el Gobierno de España José María Aznar y era ministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaría (padre político de Alberto Nuñez Feijóo, secretario general de la Consellería de Sanidad con Romay Beccaría de conselleiro). 

Ese modelo, aplicado en varias comunidades — entre ellas, la valenciana, la madrileña o la gallega —, se vendió como una “colaboración público-privada” capaz de garantizar eficiencia, modernización e integración de recursos privados con fondos públicos. Escribía sobre ese asunto en 2016, señalando que la ilusión residía en que lo privado aportaría agilidad, innovación, y un respiro presupuestario para la administración pública. Pero las tensiones estructurales de ese modelo — coste, control, conflictos de interés, prioridades ajenas a la salud comunitaria — nunca desaparecieron, sino que con el tiempo se han ido agravando.

Ahora, los hechos recientes descubiertos en el Hospital de Torrejón hacen visibles esas tensiones con la máxima crudeza. Los audios hechos públicos donde un directivo de la empresa gestora plantea explícitamente “recorrer el camino inverso a la reducción de listas de espera”, “priorizar procedimientos rentables” y “rechazar pacientes no rentables” para mejorar la rentabilidad de la concesionaria, abren la caja de Pandora: ¿qué ocurre cuando la lógica del beneficio se impone a la lógica del cuidado?

Ese desastre ético y sanitario no es una anomalía: es una consecuencia estructural del modelo.

¿Por qué la gestión público-privada amenaza la salud comunitaria?

1. Incentivos perversos: cuando “no gastar” beneficia a la empresa

El modelo concesional, como en el caso del hospital de Torrejón, funciona mediante un canon fijo por población asignada, independientemente de la actividad real que se realice.

Eso significa que cada euro que la empresa no dedica a tratamientos, cirugías o cuidados es un euro que incrementa sus beneficios. Como se evidenció en los audios: se priorizan los procedimientos “rentables”, se recortan o evitan aquellos costosos (como procesos de diálisis peritoneal u otras intervenciones complejas) y se incentiva el alargamiento de listas de espera.

Ese tipo de incentivos resultan radicalmente contrarios a los principios de equidad, universalidad y justicia sanitaria: condenan a quienes tienen enfermedades crónicas, complejas o caras, o a quienes requieren atención menos rentable, a un acceso restringido. El sistema deja de priorizar la salud, y prioriza la dupla ahorro-beneficio para la empresa.

2. Pérdida de control democrático y opacidad

Al delegar la gestión en manos privadas, la administración pública cede un control esencial. Las decisiones clínicas, de priorización de recursos, o de derivación, se toman bajo criterios empresariales, no de salud pública.

Esto implica pérdida de transparencia real: los ciudadanos —y muchas veces incluso los profesionales sanitarios— desconocen los criterios internos que condicionan la atención. La reciente protesta institucional ante los audios en Torrejón, las promesas de auditorías, denuncias políticas y la falta (hasta ahora) de sanciones claras, evidencian esa opacidad.

Para la salud comunitaria, eso supone una vulneración del derecho a la sanidad: quienes menos tienen son los más expuestos a las consecuencias de decisiones opacas.

3. Deterioro de la sanidad pública, desigualdad social y desconfianza

Cuando la lógica mercantil impone sus reglas, la privatización efectiva del sistema es un resultado previsible. En los territorios donde los hospitales públicos operan bajo concesión privada suele observarse un incremento en los seguros médicos (entre 2014 y la actualidad se estima que el número de personas con seguro privado creció un 40 %) y una fuga progresiva de quienes pueden pagar, lo que reduce la presión social y política para sostener la sanidad pública. Esto conduce a un deterioro gradual del servicio: listas de espera más largas, menor inversión, y una carga asistencial concentrada en los casos más complejos y costosos. Las personas con menos recursos no abandonan el sistema público —no tienen alternativa—, sino que quedan abandonadas dentro de él, atrapadas en un servicio debilitado y crecientemente desigual. Se consolida así un modelo sanitario de dos velocidades: prestaciones de calidad para quienes pueden pagar y precariedad asistencial para quienes dependen exclusivamente de la red pública. La sanidad debería ser un bien común, no un servicio sujeto a rendimientos. Privatizar su gestión compromete la cohesión social, la solidaridad comunitaria y la confianza ciudadana: si la gente descubre que algunos pacientes son rechazados porque “no son rentables”, la legitimidad del sistema de salud universal queda gravemente dañada.

¿Es realmente más barato o eficiente para la administración pública?

En teoría, uno de los principales argumentos a favor de la gestión público-privada es la supuesta reducción del coste y la mejora de la eficiencia. Pero la evidencia empírica y los últimos acontecimientos plantean serias dudas:

El canon per capita, al ser independiente de la actividad real, puede generar sobrecostes si la empresa decide no invertir en atención o recortar tratamientos. Así, se paga lo mismo por una atención mínima o por una atención adecuada, sin garantía de calidad.

Si la empresa reduce su gasto en pacientes para maximizar beneficios, a largo plazo el sistema público puede incurrir en mayores costes sociales: enfermedades crónicas mal atendidas, agravamiento de patologías, aumento de urgencias o derivaciones tardías con tratamientos más caros.

Además, la falta de transparencia y auditoría rigurosa implica riesgos de corrupción, contratos a dedo, adjudicaciones opacas, y mala gestión presupuestaria que, como vimos otras veces en privatizaciones sanitarias, acaban recayendo sobre las administraciones cuando hay responsabilidades, ven insostenible la concesión o deben rescatar el servicio. En la práctica, la “desigualdad de asignación de recursos” puede redundar en “ineficiencia social”.

En el caso concreto de Torrejón, la polémica ha obligado ya a la administración a convocar reuniones de emergencia, abrir auditorías, y estudiar posibles responsabilidades políticas — lo que ya supone un coste reputacional, político y administrativo.

Por tanto, más que una solución ahorro, la colaboración público-privada representa — con frecuencia — un riesgo presupuestario e institucional para lo público.

Salud comunitaria vs. lógica del lucro: un conflicto de principios

La sanidad pública no debe funcionar con los mismos parámetros que una empresa privada. Manejan lógicas totalmente contradictorias, por no decir opuestas: mientras que las empresas buscan maximizar beneficios, una sanidad orientada al bien común debe priorizar el acceso, la equidad, la prevención, la continuidad, la atención integral, la salud colectiva. Esa tensión — lucro versus bienestar — es estructural, y resulta difícil de resolver cuando conviven centros (e intereses) públicos y privados en una misma red bajo criterios de coste-beneficio.

La reciente revelación de unas prácticas tan explícitamente mercantiles en un hospital público ha generado una crisis de legitimidad: la ciudadanía pierde confianza, los profesionales sanitarios pueden sentirse obligados a priorizar criterios financieros, y la salud comunitaria se debilita.

Cuando, en 2016, alertaba sobre los riesgos de privatización de la sanidad en Galicia, estaba apuntando precisamente a esas contradicciones: un sistema que debe ser universal y solidario, frente a un modelo que convierte la salud en negocio. Los acontecimientos recientes en Madrid confirman, con evidencia, que esas advertencias no eran “catastrofistas”, sino prudentes y oportunas. Muchas veces mantener la opinión y la posición se revela, cuando menos, como razonable. 

Hacia otro modelo: recuperación de lo público, control ciudadano y transparencia

Si aceptamos que la salud es un bien común — no una mercancía —, las políticas sanitarias deben orientarse hacia:

Restaurar la gestión directa pública, con control democrático, participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia real.

Reforzar los mecanismos de participación comunitaria, de vigilancia social, y de control del gasto público para asegurar que los recursos se destinan realmente a garantizar la atención, no a generar márgenes.

Invertir en prevención, atención primaria y salud comunitaria, en vez de construir hospitales grandes, caros y gestionados por privados — esa es la salud del futuro, no la lógica del corto plazo.

Fomentar la cohesión social, la equidad territorial, el acceso universal sin discriminaciones por “rentabilidad clínica”, y priorizar el bien común por encima del beneficio económico.

Conclusión

El escándalo del Hospital de Torrejón no es un caso aislado, sino la manifestación más reciente de una lógica de mercantilización que siempre estuvo implícita en la colaboración público-privada. Las revelaciones de denuncias internas, rechazo de pacientes y priorización de beneficios consolidan lo que muchos ya alertaban: que la privatización de la gestión sanitaria compromete la salud comunitaria, la equidad, la transparencia y la eficiencia social.

Lo que se puso sobre la mesa con el modelo concesional — agilidad, modernización, ahorro — ha mostrado su precio real: un sistema sanitario donde la salud depende de la cuenta de resultados. Y ese precio lo pagan quienes pierden su derecho a ser atendidos.

Las desviaciones propias de los modelos de colaboración público-privada no se corrigen con controles ni auditorías, porque derivan de contradicciones estructurales: por un lado, la lógica mercantil es incompatible con la garantía universal del servicio; por otro, los controles públicos —cuando existen, que es casi nunca— son meramente formales y no es posible que alcancen a corregir esos choques de fondo. Por eso, la única forma de evitar estas distorsiones es separar radicalmente ambos sistemas. La alternativa sigue siendo la misma: una sanidad pública, universal, democrática, controlada por la ciudadanía, y orientada al bien común. Nada menos. @mundiario