Corrupción en España: entre el compromiso político y el descrédito

España sigue avanzando en el fortalecimiento del Estado de derecho, pero los recientes escándalos de corrupción vinculados al PSOE y la polarización parlamentaria muestran que no basta con legislar: hace falta regenerar. Y regenerar implica, ante todo, una reforma profunda de las instituciones, una cultura política menos cínica y una ciudadanía mejor protegida frente a los abusos del poder. Ante este estado de cosas, Feijóo lo tiene claro: vuelve a pedir que Sánchez convoque elecciones. La alternativa de Sánchez es un plan anticorrupción con más penas para los corruptores y una Agencia de Integridad Pública. ERC y PNV no piden elecciones ya, pero no descartan hacerlo si la crisis del PSOE escala.

La Comisión Europea ha presentado esta semana su informe anual sobre el Estado de derecho en la UE. El documento reconoce progresos en España, especialmente tras el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), paralizado durante cinco años por la negativa del PP a renovarlo. Esta inmovilidad, corregida en 2024 gracias a la mediación europea, había convertido al Poder Judicial en rehén de una estrategia de desgaste político. Bruselas, sin embargo, insiste en que España debe ir más allá: urge reducir los plazos de instrucción y juicio en casos de corrupción de alto nivel, reformar el método de elección del CGPJ y separar el mandato del fiscal general del Gobierno de turno. Es decir, crear garantías efectivas de que la lucha contra la corrupción no dependa de quién manda.

Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso, rodeado de sospechas que afectan a antiguos colaboradores clave como José Luis Ábalos o Santos Cerdán, y con la credibilidad de su partido bajo mínimos. "Es evidente que me equivoqué", ha dicho el presidente, reconociendo errores de confianza y prometiendo un plan estatal de lucha contra la corrupción con 15 medidas elaboradas junto a la OCDE. Entre las propuestas, destaca el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la creación de un registro público de lobbies, así como mayores exigencias en la declaración de bienes y la prevención de conflictos de interés.

¿Es suficiente? No. Pero es un paso en la dirección correcta si se acompaña de voluntad real de aplicación, transparencia en su implementación y reformas institucionales que resistan a los vaivenes del poder. El problema no es solo que existan tramas corruptas, sino que, durante años, el sistema ha demostrado ser tolerante con ellas, lento en su reacción e incapaz de prevenirlas de forma eficaz. Sánchez acierta cuando asume que los mecanismos fallaron. Ahora –si tiene margen en lo que queda de legislatura– le toca demostrar que es capaz de repararlos.

Ataque frontal de Feijóo

Del otro lado del hemiciclo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha optado por el ataque frontal. Califica a Sánchez de “político destruido” y “fraude”, le acusa de tener “la familia imputada” y vuelve a exigir elecciones. Pero lo que omite es que su propio partido ha contribuido históricamente al deterioro institucional del país. Fue el PP el que bloqueó el CGPJ durante un lustro. Y son las asociaciones judiciales afines a los populares las que se oponen a que el Parlamento –representación democrática de la ciudadanía– mantenga un papel relevante en el nombramiento de los jueces. ¿No es también eso una forma de manipulación del sistema?

Feijóo respalda que el Consejo del Poder Judicial sea elegido por y entre los jueces, lo que, en un contexto de hegemonía conservadora en la judicatura, supondría entregar el control del órgano de gobierno de los jueces a un solo bloque ideológico. La independencia judicial es un principio irrenunciable. Pero también lo es la rendición de cuentas y la pluralidad. Europa pide equilibrio, no blindajes corporativos.

El diagnóstico de Bruselas es claro: el Estado de derecho en España es sólido, pero necesita ajustes estructurales. Ni está en peligro, como proclama la derecha más alarmista, ni está a salvo de regresiones si no se corrigen sus puntos débiles. La corrupción no se combate con indignación selectiva ni con golpes de pecho en sede parlamentaria. Se combate con reformas valientes, instituciones sólidas, justicia ágil y cultura democrática.

Ni Sánchez puede limitarse a pedir perdón sin limpiar a fondo su entorno, ni Feijóo puede erigirse en adalid de la ética política mientras bloquea reformas esenciales y recurre al descrédito personal como único argumento. La regeneración democrática no se proclama: se practica. @mundiario