Controles aleatorios: ¿un punto de inflexión en el PSOE o un gesto más?

Pedro Sánchez ha decidido mover ficha ante el desgaste político que amenaza con lastrar lo que queda de legislatura. Golpeado por el escándalo de Santos Cerdán y con la herida de Ábalos aún abierta tras el caso Koldo, el presidente del Gobierno intenta recuperar la iniciativa con una batería de medidas anticorrupción internas en el PSOE. La más llamativa: controles patrimoniales aleatorios y sorpresivos a todos los altos cargos del partido.

La medida, que irá acompañada de otras reformas que Sánchez detallará la semana que viene en el Congreso, busca marcar un antes y un después en la prevención de la corrupción dentro de la estructura socialista. A diferencia de las declaraciones de bienes obligatorias para diputados y ministros, estos controles aleatorios serán realizados por expertos y, según aseguran desde la dirección, tendrán una capacidad mucho mayor para detectar irregularidades o enriquecimientos ilícitos.

Se trata de una reacción que busca dar respuesta a las críticas internas y externas sobre la opacidad y los vacíos de control que han permitido que figuras clave como Cerdán actuaran sin supervisión efectiva. Porque lo cierto es que el caso Cerdán no fue una tormenta inesperada: fue el síntoma de un sistema que no funcionaba como debía.

Pero el anuncio llega en un contexto envenenado. Mientras el PSOE se afana en lanzar señales de regeneración, el PP ha aprovechado su congreso nacional para presentar su propia versión de pureza ética. Feijóo ha cerrado filas en torno a una idea simple pero eficaz: la corrupción ahora está en la otra orilla. Y en esa escenografía moralizante, hasta José María Aznar, que arrastra su propio historial de sombras, ha elevado el tono hasta desear ver a Sánchez en la cárcel. Rajoy, por su parte, ha desempolvado sus credenciales anticorrupción, sacando pecho por su actuación frente a la trama Gürtel. La reconciliación entre ambos expresidentes ha servido para bendecir la campaña de un Feijóo al que se le exige dureza y compromisos explícitos.

Un primer revés

Mientras tanto, en el PSOE, el nuevo equipo directivo ha sufrido su primer revés antes incluso de consolidarse. Francisco Salazar, uno de los tres adjuntos previstos para acompañar a Rebeca Torró en la secretaría de Organización, ha renunciado tras ser acusado de acoso. El episodio añade ruido en un momento en el que el partido busca transmitir imagen de control, limpieza y credibilidad.

Sánchez ha intentado un gesto de empatía hacia el feminismo socialista –uno de los sectores más descontentos con la gestión de los escándalos– asegurando que, si creyera que dimitir resolvería el problema, lo haría. Pero esa frase, más que cerrar la crisis, parece subrayar su gravedad.

El fondo del problema es que la corrupción política en España no es solo un asunto de personas corruptas, sino de estructuras ineficientes, controles débiles y culturas de partido demasiado tolerantes con los abusos mientras no trascienden a la opinión pública. Por eso, la iniciativa de los controles aleatorios patrimoniales puede ser un paso en la dirección correcta. Pero solo si se aplica con seriedad, sin excepciones, sin margen para el maquillaje, y sin que se convierta en un instrumento decorativo para salir del paso.

Porque, a estas alturas, el problema del PSOE no es solo convencer de que quiere cambiar. Es demostrar que puede hacerlo. Y hacerlo a fondo. Mientras tanto, el PP, que también arrastra un largo historial de casos judiciales, ha logrado transformar el escenario en un juicio mediático al adversario. Y en política, cuando uno se pone a la defensiva, casi siempre pierde la iniciativa.

La corrupción, como el cinismo, no se combate con gestos aislados. Se combate con voluntad política, reformas estructurales y una rendición de cuentas real. Sánchez tiene la oportunidad de convertir esta crisis en un punto de inflexión. Pero para eso, más allá de los controles aleatorios, hará falta algo más que medidas. Hará falta convicción. Y hechos. @mundiario