¿Continuidad o cambio en la actuación del CGPJ?
La principal novedad que se registra en el comienzo de este curso político radica en la definitiva conformación de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) renovado en su composición y, singularmente, en la elección de una magistrada como presidenta del organismo.
Excepto en la derecha política, mediática y judicial, existe un diagnóstico compartido respecto a la grave anomalía antidemocrática padecida por el CGPJ: fue una estrategia política deliberada del PP la que provocó el bloqueo, desde hace mas de 5 años, de los nombramientos del consejo exigidos por la legislación vigente.
El motivo de la negativa del principal partido de la oposición parece evidente: la conservación del poder por parte del sector conservador en el gobierno del poder judicial para, de esa manera, controlar los nombramientos previstos en los tribunales, especialmente en el Tribunal Supremo.
Una de las pruebas mas contundentes de la grave adulteración vivida en los últimos años tuvo lugar cuando trascendió -en el mes de octubre de 2022- la inminencia de un acuerdo de Feijóo con la dirección socialista sobre esta cuestión: una primera página del periódico El Mundo avisando del descontento que tal pacto suscitaba en el seno del PP y en la derecha judicial, metió el miedo en el cuerpo del máximo dirigente del partido y arruinó la posibilidad que se había abierto después de semanas de negociaciones secretas.
Escarmentado por lo sucedido e incapaz de hacer valer su teórico liderazgo, Alberto Núñez esperó a que los resultados de las urnas del mes de Julio de 2023 le permitieran seguir controlando el CGPJ. Ante el fracaso electoral y la presión de jueces y magistrados que veían peligrar sus carreras profesionales por la prolongada paralización del órgano de gobierno judicial, aceptó desbloquear la situación y permitir la formalización de un nuevo consejo.
Dos circunstancias inéditas concurrieron en la apertura del año judicial. Por primera vez una mujer alcanza la presidencia del Consejo General y del Tribunal Supremo, revelando la evidencia de que nos encontrábamos ante un ejemplo paradigmático del techo de cristal: la presencia mayoritaria de juezas y magistradas en la base de la pirámide jerárquica no se correspondía con el mantenimiento de un dominio masculino en la cumbre de la estructura dirigente. Por otra parte, Isabel Perelló -la nueva presidenta- pertenece a la Asociación Jueces y Juezas por la Democracia, la principal -aunque minoritaria- referencia progresista en la judicatura y que llevaba mucho tiempo alejada de puestos de esta relevancia institucional.
En sus primeras declaraciones, la nueva presidenta consideró necesario alertar sobre el peligro de un eventual control pretendido por los poderes legislativo y ejecutivo. Ciertamente, tal prevención resulta congruente con la filosofía básica que debe presidir el funcionamiento de un sistema democrático, mucho mas si tal consideración es realizada por una representante del sector judicial mas comprometido con el fortalecimiento de una democracia de mayor calidad. Sin embargo, sería pertinente señalar, de manera complementaria, el riesgo de una injerencia de sectores judiciales conservadores en la actuación de los restantes poderes del Estado.
La historia de la última década presenta casos muy ilustrativos de esta inaceptable pretensión: la mas reciente fue la celebración de concentraciones de magistrados (incluso vestidos con sus uniformes protocolarios) en la puerta de algunas Audiencias para expresar su oposición al proyecto de ley de amnistía cuando estaba siendo debatido en el Congreso de los Diputados. El listado de los casos "anómalos" es mas amplio: el juez recientemente jubilado, García Castellón, instruyó diversas causas contra dirigentes de Podemos que quedaron archivadas por falta de pruebas solventes. El juez Peinado está realizando una pintoresca y abusiva instrucción para tratar de imputar a Begoña Gómez y, de paso, erosionar a Pedro Sánchez.
Todas estas actuaciones judiciales no tendrían mucho impacto de no mediar la participación activa de una parte de lo que se ha denominado "el cuarto poder": medios de comunicación tradicionales y/o digitales que buscan crear un efecto multiplicador sobre sectores de la opinión pública que toman por definitivas lo que solo constituyen diligencias procesales provisionales.
El nuevo CGPJ deberá demostrar, en los próximos años, que no se va a repetir el espectáculo vivido con sus antecesores. Acreditar, al fin y a la postre, que la independencia de las personas integrantes de la judicatura no es una coartada para justificar una interferencia sobre el poder legislativo que constituye, como es sabido, el corazón de un sistema democrático. @mundiario