La Comisión Europea ha decidido cambiar de estrategia: de la defensa al ataque

Dicen que una foto vale más que mil palabras. Una del viernes, 10 de marzo, muestra al presidente norteamericano, Joe Biden, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, intercambiando impresiones delante de la chimenea de un salón en la Casa Blanca en Washington. Ambos relajados y sonrientes, dejando entrever el grado actual de cercanía, cordialidad y confianza que caracteriza las relaciones entre los Estados Unidos de América y Europa.

Y eso que había algunos temas peliagudos sobre la mesa. Resueltos con la apertura de negociaciones para lograr que Washington otorgue un trato favorable a las materias primas estratégicas europeas, que los dos socios transatlánticos unan fuerzas en el desarrollo de las energías verdes con el fin de alcanzar “la meta de cero emisiones” y que no estalle una guerra de ayudas públicas, por ejemplo, en los subsidios a los vehículos eléctricos. Pero Biden y von der Leyen también trataron varios asuntos de consenso total: sobre todo los relacionados con la estrategia a seguir en relación con China, Rusia y la guerra en Ucrania.

Si von der Leyen visitaba Washington, preocupada por el carácter proteccionista de la ley para la Reducción de la Inflación estadounidense, con 350.000 millones de dólares previstos al desarrollo de energías limpias y la lucha contra el cambio climático, poco antes su destino fue Londres. Para firmar con el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, el “acuerdo de Windsor”, que pone fin a las batallas sin fin sobre el Brexit. Aclarando que la frontera entre las partes es el Mar del Norte, que el intercambio de bienes y servicios tanto entre el Reino Unido como entre la UE e Irlanda del Norte es mercado interno, mientre que el comercio entre el Reino Unido y la UE a través de Irlanda del Norte es entre “terceros países”. 

El acuerdo marca un cambio de tono entre Londres y Bruselas. El siguiente paso hacia la “normalidad” ha sido la reunión que mantuvieron a continuación el inglés Sunak y el francés Macron, poniendo así fin a un largo ciclo de desaires y desencuentros entre los dos gobiernos.

El liderazgo ejercido por la Comisión en asuntos de política exterior tiene a un segundo protagonista: Josep Borrell. Por su intervención en el Consejo de ministros de Asuntos Exteriores y Defensa en Estocolmo el 9 de marzo, en el que se decidió ampliar el plan para armar a Ucrania en 2.000 millones de euros: “Estamos en tiempos de guerra y tenemos que tener una mentalidad de guerra; siento decirlo, preferiría hablar de negociaciones de paz, pero por desgracia tenemos que seguir hablando de municiones, porque la guerra sigue creciendo y es lo que tenemos que hacer hoy”. Aunque según Borrell hay que mantener la puerta abierta en todo momento a futuras negociaciones de paz, “hoy estamos hablando de reducir tiempo y costos de entrega en municiones”. 

Un segundo anuncio del alto representante de Política Exterior de la UE es también digno de resaltar, aunque no haya tenido tanto impacto mediático: el proyecto Global Gateway con América Latina y el Caribe, que prevé una inversión entre público y privada de cerca de 300.000 millones de euros hasta 2027, centrada en impulsar los sectores de la energía, el transporte, la digitalización, educación, salud, el clima y la investigación. Los principios de las asociaciones que se creen entre la UE y terceros países deberán regirse bajo seis principios: buena gobernanza y transparencia; valores democráticos y altos estándares de cumplimiento; igualdad entre los socios; ecología y resiliencia frente al cambio climático; seguridad; e impulso de las inversiones en el sector privado. Con este instrumento, Bruselas espera competir mejor contra China y Rusia en la carrera por ganar más presencia política y económica en el subcontinente. 

Más dificultades parece tener Borrell en convencer a varios Estados miembros de la Unión Europea de que ratifiquen el acuerdo de libre comercio con Mercosur. Francia, los Países Bajos y Austria lideran la fracción del no, por miedo a la competencia de productos agrícolas procedentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, así como dudas sobre sus políticas medioambientales. Les queda trabajo a España, Alemania y Portugal, promotores del SI, para lograr que el acuerdo se cierre durante la presidencia de España en la segunda mitad del año.

En el frente económico, llaman la atención tres noticias. En primer lugar, la declaración firmada conjuntamente por Charles Michel, presidente del Consejo Europeo; Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión; Paschal Donohoe, presidente del Eurogrupo; Christine Lagarde, presidenta del BCE, y Werner Hoyer, presidente del Banco Europeo de Inversiones, bajo el título “Hacia la unión de los mercados de capitales”. Criticando los cinco que se haya avanzado tan poco en este asunto y reclamando un esfuerzo colectivo de voluntad política, porque el tiempo apremia: “Necesitamos una unión de los mercados de capitales que canalice los enormes ahorros de los europeos y los convierta en los motores de crecimiento de mañana”.

En segundo lugar, el propósito de Bruselas de flexibilizar hasta cierto punto los planes de ajustes fiscales de los países de la UE. Por ejemplo, aceptando que un gobierno salido de las urnas pueda renegociar la agenda de ajuste pactada por el anterior o bien plantear medidas distintas para alcanzar las metas, además de ampliar los plazos para disminuir deudas si hay inversiones en Defensa, transición digital y medioambiental. La intención de la Comisión: reducir la enorme deuda acumulada por Europa durante la crisis del euro y la pandemia, sin incurrir en recortes draconianos que puedan llevar a recesiones duras.

Y, en tercer lugar, el plan de la Comisión Europea de igualar las ayudas a empresas que ofrezcan otros países como los Estados Unidos de América o China, cuando se trata de inversiones en almacenamiento de energía, descarbonización de la industria, fabricación de baterías, paneles solares, turbinas para la energía eólica, etc. Según la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, “los cambios que aportamos a nuestras normas sobre ayudas estatales son: rapidez, sencillez, alcance”, con el fin de potenciar la transición hacia una economía sin emisiones. Eso sí, exige tres requisitos: que los proyectos estén localizados en, al menos, tres Estados miembros; que el beneficiario utilice “tecnologías de producción punteras”; y que la ayuda no provoque “la deslocalización de inversiones entre Estados miembros”.

¡La nueva estrategia de Bruselas – actuar menos a la defensiva y más al ataque – me gusta! @mundiario