Caso del fiscal general: apoyo total del Gobierno

Álvaro García Ortiz acaba de estar en A Coruña y ha confirmado que no piensa dimitir ante su anunciado procesamiento por revelación de secretos. Sorprendentemente, asegura que es la única manera de fortalecer la institución.

Por su parte, el Gobierno lo defiende incondicionalmente ante la petición de apertura de juicio oral. Aseguran que no ha cometido ningún delito, que todo es una maniobra del Tribunal Supremo, que él sólo quiso defender el buen nombre de la Fiscalía ante el bulo de que le habrían ofrecido un acuerdo al novio de Ayuso para saldar su deuda o su supuesto fraude a Hacienda.

Esta defensa cerrada por parte del Gobierno no es más que una acusación efectiva y contundente. Si los miembros del Ejecutivo reconocen que García Ortiz ha defendido el prestigio de la Fiscalía sacando a la luz datos privados de la relación entre un abogado de un contribuyente y el fiscal, están corroborando que ha incurrido en revelación de secretos. Y esto es delito, aunque lo haya hecho por una causa loable, por desmentir un bulo, por seguir las recomendaciones del Gobierno o porque le dio la gana.

Conviene recordar que, por una buena intención parecida, aunque llevada a cabo de forma más burda, Baltasar Garzón fue condenado y apartado de la carrera judicial. Ese puede ser el final de García Ortiz como se descuide. Romper el secreto de las conversaciones entre abogado y cliente, es algo que no perdonan las organizaciones profesionales de la abogacía, por ser un grave atentado contra el sistema de garantías jurídicas.

Esta defensa cerrada por parte del Gobierno también confirma que la operación tenía una finalidad política y que fue instigada por Presidencia, donde Oscar López, ahora ministro, forjó tal maniobra contra Díaz Ayuso. Era necesario que el conflicto, o defraudación, del novio de la presidenta de Madrid saliera a la luz pública por el deterioro político que pretendían ocasionarle a ella. El fiscal general se prestó a la maniobra, que, en rigor, podría calificarse de conspiración contra un enemigo político a batir. En él había puesto el Gobierno toda su esperanza.  Ahora no pueden dejar caer a García Ortiz, pero no por agradecimiento, sino porque supondría una terrible derrota del sanchismo ante Diaz Ayuso. Quedaría en evidencia que la conspiración se les volvió en contra, que todo el aparato del Estado habría sido derrotado por las leyes vigentes. Y eso no se lo pueden permitir. Es una humillación inasumible por Oscar López; de ahí que haya salido con más rabia contra el Tribunal Supremo. Necesitan poner en cuestión todo el sistema judicial español antes que reconocer el delito de la filtración.

El Gobierno no quiere asumir justo aquello que fiscales próximos a García Ortiz ya le advirtieron ―y que él no veía en el fragor de la conspiración―, que manejar esos datos y filtrarlos era un delito. Delito que sí vio claramente el líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, quien incluso prefirió perder su puesto que verse implicado en la conspiración.

Que la humillación es inasumible queda constatado en la afirmación que acaba de hacer el fiscal general en A Coruña: “La mentira no puede derrotar a un fiscal general”. El problema no es este, el problema, señor fiscal, es revelar secretos.

La verdad es que, después del informe de la UCO sobre las actividades del  Gobierno y del PSOE, lo del fiscal general puede quedar en un caso menor. @mundiario