Bruselas abre otra vía de agua a la flota pesquera

Como todo el mundo sabe, sin apenas litoral, Lituania es una potencia marítima de primer orden y su sector pesquero está entre los más pujantes de Europa, incluso del mundo. Debe ser por eso que se le encomendó a un lituano el área de Pesca de la Comisión Europea. Se trata de un joven de poco más de treinta años, de nombre impronunciable y de prometedora trayectoria política, cuya principal responsabilidad es velar por el medioambiente y la salud de los océanos. Este tipo de desconcertantes nombramientos son algo habitual. En ese y en otros aspectos la burocracia de Bruselas es ciega. Además, suele pecar de miopía a la hora de enfocar la problemática que afecta a sectores de escaso peso específico en el conjunto del ámbito comunitario. Y no pocas veces los prejuicios menoscaban seriamente el rigor exigible a la hora de tomar decisiones que ponen en riesgo los panes y los peces de millones de europeos. Este es el caso.

Virginijus Sinkevicius se llama el personaje cuyas iniciativas traen esta temporada de cabeza a buena parte de la flota pesquera gallega, así como a la andaluza, la cántabra y la vasca. Su departamento parió un reglamento que, junto a España, tiene en pie de guerra a Portugal, Francia e Irlanda. El comisario cree contar con el respaldo mayoritario de la ciudadanía a una medida proteccionista, supuestamente avalada por informes científicos, que consultados en detalle, tienen poco de rigurosos además de estar temporalmente desfasados. Tan escasa seriedad, vistos los antecedentes, parece ser marca de la casa en el departamento del ínclito Sinkevicius, que por lo visto se rodea de gente de perfil muy similar al suyo o incluso menos solvente.

Veto a la pesca de fondo en el Golfo de Cádiz

El caso es que, si nadie lo remedia, el 9 de octubre entrará en vigor el veto a la pesca de fondo en una zona de más de dieciséis mil kilómetros cuadrados desde el Golfo de Cádiz a lo largo de toda la costa cantábrica hasta el mismísimo Gran Sol. La norma en cuestión no tiene en cuenta criterios técnicos, ni económicos, ni de impacto social de una medida que pone con el agua al cuello a muchos miles de pescadores, a los que salir a flote les cuesta cada vez más, especialmente desde que se disparó el precio del combustible. A los políticos y altos funcionarios bruselenses el mar les cae muy lejos. Puede que frecuenten las playas o practiquen la navegación recreativa. O que lo conozcan solo por los documentales. Debe ser por eso que les preocupan más los peces que los pescadores, una especie cuya supervivencia a medio plazo está más que amenazada.

El asunto requiere una respuesta firme desde un frente común de las administraciones españolas (Gobierno y autonomías) tanto en el plano político como en el judicial. Porque éste sí es claramente un asunto de país, dada la transversalidad del impacto negativo que la resolución comunitaria tiene sobre una parte sustancial de la flota pesquera española (un millar de barcos, nada menos).

Aunque el lobby ecologista ya canta victoria porque cree haberse salido con la suya, no todo está perdido. Todavía hay margen para al menos capear el temporal y ganar tiempo. La medida -una auténtica chapuza legislativa, según los expertos- es aún paralizable e incluso reversible si los que tienen que mojarse, sobre todo los poderes públicos, dan la batalla con las armas de que disponen. De contrario, la flota de arrastre se irá a pique. Este golpe abre mucho más que una -otra- vía de agua. Compromete su línea de flotación. @mundiario