Banca consentida y responsabilidad social

En las sociedades de economía liberal en las que vivimos, la banca es un poco como el sistema linfático del organismo humano. Complementaria con el sistema productivo (equivalente al flujo de la circulación sanguínea), que distribuye los productos, los salarios, el comercio, la logística, los intercambios, e incluso los servicios. Si la banca cumple de manera adecuada su función social, viene a reforzar el sistema inmunitario de la economía y de la sociedad, acudiendo -con el dinero de todos- a sostener proyectos, a facilitar el consumo, a facilitar la acción de las empresas y a apuntalar la economía de las familias.

Por ello, se ha convertido en una pieza fundamental del engranaje económico de nuestras sociedades. Hasta el punto de que -para evitar que el funcionamiento del dinero se desenvuelva al margen de sistemas controlados- cualquier pago superior a los mil euros ha de realizarse a través de instrumentos bancarios. Mecanismo que hace que los ciudadanos nos convertimos obligatoriamente en impositores. Motivo por el cual los gobiernos son muy cuidadosos de facilitar el funcionamiento bancario, de establecer sus mecanismos de garantías, y de adoptar medidas defensivas (de los bancos y de los impositores), que convierten de hecho a los bancos en empresas protegidas. Llegando a veces a darles el trato de empresas consentidas.

Es cierto que la banca desarrolla esas funciones a cambio de una retribución, en principio legítima. Aunque también es verdad que el afán de mejorar su sistema de retribuciones, o en el intento de atraer a un mayor número de impositores (y consiguientemente de dinero a manejar) ha llevado al sistema bancario a construir mecanismos que han puesto en riesgo grave -o han hecho perder directamente- el dinero de los impositores, o han generado  fórmulas heterodoxas, imprudentes y hasta suicidas, que han obligado a los gobiernos a acudir a su rescate, y a tener que dedicar fondos extraordinarios en cantidades descomunales; en ocasiones -cuando ha rondado el pánico de la bancarrota- sin un plan estructurado de devolución.

Es lo que ocurrió con la crisis financiera del 2008-2012, que a punto estuvo de dar al traste con el propio sistema capitalista. En esos momentos, en España se establecieron ayudas a fondo perdido a los bancos por un monto que prácticamente superaba el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Entre ayudas directas, la concentración de activos tóxicos en el llamado “banco malo”, la venta de entidades intervenidas a terceros bancos por cantidades simbólicas (un euro, por ejemplo), que curiosamente los bancos compradores convirtieron en escasos ejercicios en una importante fuente de beneficios… El caso es que la mala cabeza de quienes dirigían en aquellos momentos los bancos, no sólo puso en peligro nuestro sistema económico, sino que terminó sacando provecho de las ruinas originadas.

Y eso por no hablar de sistemas que rozaban por fuera la línea de la ilegalidad, como las primas de riesgo, las cláusulas suelo de las hipotecas, y otros productos concebidos para recoger y obtener beneficio del dinero de los impositores, saliéndose por completo del camino de la función social que ha de tener la banca dentro de nuestro sistema.

Se abordaron en aquellos momentos (sin contrapartidas, como decíamos) estos hechos, como quien aborda una situación de emergencia o catástrofe -en este caso nada natural-, pero sin acometer las reformas estructurales necesarias para reconducir a la banca hacia la función social que le corresponde, y que acredita las ayudas que pueda necesitar.

Aún no está calculado el inmenso coste económico y social generado por las ejecuciones hipotecarias, ni se ha valorado cómo habría amortiguado estos costes el empleo de un mecanismo distinto en el tratamiento del problema: generando moratorias, alargando el tiempo de hipoteca y habilitando períodos de carencia; o reconvirtiendo la hipoteca en alquiler. Y ya que hablamos de hipotecas: estableciendo un sistema diferente, en el que el trato dado al prestatario sea equivalente al trato dado al prestamista. Porque el sistema aberrante de nuestro trato legal a una ejecución hipotecaria hace que el prestatario pierda todo lo que lleva devuelto al banco, porque éste tiene el derecho de sacar a subasta el bien hipotecado, no por el valor en el que tasó dicho bien, sino por la cantidad adeudada por el prestatario.

Es un tema a abordar en profundidad y de manera especializada, pero cualquier reforma que se haga -y urge hacerla- en este sentido, tiene que partir de que el banco al aceptar el valor de un bien para su hipoteca ha de hacerse responsable de dicho valor, y no puede tener derecho exclusivo sobre el bien hipotecado, sin tener en cuenta que -al haber el prestatario devuelto un porcentaje del valor tasado- ha de convertirse en un bien compartido entre prestamista y prestatario, y que la subasta debe partir -cuando menos- de la suma de lo que el prestatario adeuda y de lo que el prestatario ha pagado, siendo el prestatario también beneficiario de la subasta o venta del bien, en el porcentaje de lo que lleva devuelto.

Hay otros temas aparentemente menores, pero que afectan a la vida de los ciudadanos y, consiguientemente, al funcionamiento de la sociedad. Como son los horarios de atención al público (de cuyo dinero viven los bancos), de las comisiones y costes de sacar dinero, o de imponer dinero en cuentas de terceros, de extraños cobros periódicos en conceptos como “mantenimiento de cuenta”, o “liquidación de cuenta”, y de otras muchas bagatelas de todos conocidas; amén de las arbitrarias supresiones de oficinas y cajeros. Temas más acuciantes a afrontar por nuestro Banco de España que el de opinar -erróneamente por cierto- sobre si la subida del salario mínimo obstaculiza la creación de empleo.

La medida del impuesto extraordinario a la banca sobre sus beneficios en 2022 y 2023 puede ser un buen comienzo para un análisis y reforma estructural de un sector que en 2021 tuvo unos beneficios de 15.100 millones de euros, adaptándolo a la función social clave que tiene en nuestro sistema económico. Habría que analizar, por cierto, qué porcentaje de esos 15.100 millones de euros corresponden al ejercicio puramente bancario, y qué porcentaje tiene que ver con precios, comisiones y bagatelas, que no contribuyen para nada al funcionamiento estrictamente bancario. @mundiario