Un arancel global del 10% tras el varapalo del Supremo a la política de Trump
El pulso entre la Casa Blanca y el poder judicial ha entrado en una nueva fase. Horas después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declarara inconstitucional buena parte de los aranceles impuestos hace un año, el presidente Donald Trump compareció desde la Casa Blanca para anunciar un arancel global del 10% sobre las importaciones. Lo hizo en tono combativo, arremetiendo contra los magistrados que votaron en contra de su estrategia y calificando la decisión de “vergüenza”.
El fallo, aprobado por seis votos frente a tres, supone un revés de gran alcance para la política económica del republicano. La mayoría del alto tribunal considera que el presidente se excedió al invocar la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional de 1977 para imponer gravámenes de amplio espectro sin la participación del Congreso. La sentencia no entra en el detalle de las consecuencias prácticas —entre ellas, qué ocurrirá con los miles de millones recaudados—, pero sí delimita el marco constitucional: decisiones de tal calado requieren respaldo legislativo.
Lejos de asumir la derrota, Trump reaccionó con una batería de medidas. Anunció que los aranceles vigentes al amparo de otras disposiciones —como las secciones 232 y 301 de la legislación comercial— seguirán en pie y que firmará de inmediato una orden ejecutiva para activar un gravamen global del 10% bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Este instrumento permite aplicar tasas durante 150 días, a la espera de la autorización del Congreso. También adelantó nuevas investigaciones por prácticas comerciales desleales.
La sentencia cuestiona el uso expansivo de poderes de emergencia para imponer aranceles sin aval del Congreso. La Casa Blanca activa un plan alternativo que podría reabrir la batalla institucional y comercial
La maniobra abre un nuevo frente. En términos jurídicos, la sección 122 es una vía más estrecha y temporal. En términos políticos, supone trasladar la presión al Capitolio. Si el Congreso no avala la medida, la Administración podría dejarla expirar y explorar otras fórmulas de emergencia. Ese escenario alimentaría un debate incómodo sobre la separación de poderes en un momento de fuerte polarización institucional.
Desde el punto de vista económico, la decisión judicial introduce un elemento de incertidumbre en el comercio global. La Unión Europea ha evitado la confrontación retórica y ha instado a la “estabilidad” en las relaciones transatlánticas, consciente de que cualquier giro en Washington impacta de inmediato en cadenas de suministro, inversiones y precios. Las empresas, tanto estadounidenses como europeas, analizan ahora el alcance real del fallo y la viabilidad del nuevo arancel general.
Canadá, uno de los socios más afectados por la guerra comercial de los últimos años, ha recibido con alivio parcial la sentencia, aunque esta mantiene intactos los gravámenes sobre el acero y el aluminio. Para Ottawa y otros miembros del G-7, el fallo representa un recordatorio de que las disputas comerciales no son solo batallas arancelarias, sino también contiendas legales y constitucionales.
El trasfondo político es ineludible. Durante su comparecencia, Trump insistió en que sin aranceles Estados Unidos estaría “indefenso financieramente” y volvió a presentar su estrategia como un instrumento para reequilibrar el orden económico mundial. Sin embargo, el Supremo ha marcado un límite: la política comercial, cuando se traduce en decisiones estructurales, no puede descansar exclusivamente en la discrecionalidad presidencial.
La controversia no es partidista, sino institucional
La votación tampoco siguió las líneas ideológicas habituales del tribunal, lo que refuerza la idea de que la controversia no es partidista, sino institucional. La mayoría, integrada por magistrados conservadores y progresistas, subrayó la necesidad de preservar el papel del Congreso en materia fiscal y comercial. La minoría discrepante advirtió, por el contrario, de posibles efectos negativos para la economía si se restringe la capacidad del Ejecutivo para reaccionar con rapidez ante desequilibrios externos.
Más allá de la batalla jurídica, el episodio revela una tensión de fondo en la política estadounidense contemporánea: hasta dónde puede llegar el presidente en el uso de herramientas extraordinarias para moldear la economía. Trump ha hecho de los aranceles un eje de su discurso y de su acción internacional. El Supremo le recuerda ahora que la arquitectura constitucional impone límites incluso a las agendas más ambiciosas.
El resultado inmediato es un escenario de transición. Las empresas se preparan para un gravamen global del 10% de duración incierta. Los socios comerciales calibran su respuesta. El Congreso deberá decidir si asume el coste político de respaldar o frenar la nueva ofensiva arancelaria. Y el Tribunal Supremo, sin pretenderlo, se ha convertido en árbitro de una disputa que no es solo económica, sino también institucional.
En esa intersección entre comercio y Constitución se juega algo más que la balanza de pagos: se dirime la capacidad de los contrapesos democráticos para modular el poder ejecutivo en tiempos de turbulencia global. @mundiario
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