La AIReF pierde la “I” de independencia

La AIReF ofreció una visión de conjunto sobre las previsiones presupuestarias. / Mundiario
La AIReF es la “autoridad administrativa independiente” encargada de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas, y el relevo en su presidencia con una persona procedente del ámbito gubernamental deja una duda razonable sobre su independencia.

Tomo prestado el título para este comentario de Antonio Casado, quien analizó hace pocos días (El Confidencial, 28.03.2026) el relevo en la presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), y sostiene que este organismo fiscalizador pierde la “I” de independencia o, al menos, la ve comprometida tras el nombramiento de la nueva presidenta, procedente del entorno de máxima confianza del Gobierno.

La AIReF es la “autoridad administrativa independiente” encargada de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas con plena autonomía funcional. Tras el mandato de Cristina Herrero, caracterizado por un perfil técnico y una defensa explícita de esa independencia, le releva en la presidencia una figura procedente del ámbito gubernamental. Este hecho introduce, al menos, la duda razonable de cómo ejercerá con plena autonomía la supervisión quien ha formado parte recientemente del mismo poder que debe fiscalizar.

El relevo contrasta con el espíritu que debería guiar este tipo de instituciones. La propia Herrero lo expresó con claridad pocos días antes de dejar el cargo: “Espero que mi sucesor no proceda del Gobierno”. En su despedida dejó, además, tres ideas clave: servir al Estado y no al Gobierno, actuar con independencia y rigor, y ser elegido con un amplio consenso parlamentario. No se trata de una opinión más, sino de una advertencia sobre la importancia de preservar la credibilidad de un órgano esencial en el sistema de contrapesos.

Ahora bien, este nombramiento no puede analizarse de forma aislada. Se inscribe en una dinámica más amplia en la que los equilibrios institucionales se están viendo tensionados por la afinidad política en los nombramientos. Cuando estos recaen en perfiles próximos al poder ejecutivo, el riesgo es real: afecta a la confianza en la imparcialidad de las instituciones y también a su reputación e imagen.

La democracia no se agota en el voto. Requiere organismos capaces de actuar con autonomía, de supervisar al poder y de generar confianza pública a través de su independencia. Cuando esa independencia se pone en cuestión —aunque sea en términos de percepción—, el sistema pierde calidad.

Por ello, resulta necesario reforzar los mecanismos para que los nombramientos recaigan en perfiles incuestionablemente técnicos y se realicen mediante mayorías parlamentarias amplias que reduzcan cualquier sospecha de dependencia del poder. No se trata solo de cumplir con los requisitos formales, sino de preservar el espíritu con el que nacen estas instituciones.

En definitiva, garantizar la neutralidad y la credibilidad de organismos como la AIReF no es una cuestión menor. Es una condición esencial para el buen funcionamiento del sistema democrático y para mantener la confianza de los ciudadanos en que el control del poder se ejerce con rigor, independencia y al servicio del interés general. @mundiario