Adif y el Estado, responsables
El fallo emitido por la jueza Elena Fernández Currás sobre el trágico accidente del tren Alvia S-730 en Angrois, cerca de Santiago de Compostela, marca un hito en la búsqueda de justicia para las 80 víctimas mortales y los 144 heridos de aquel fatídico 24 de julio de 2013. Tras un proceso judicial que ha mantenido en vilo a la sociedad gallega y española, la sentencia subraya una verdad que durante años las instituciones involucradas han intentado esquivar: la responsabilidad del Estado y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en esta tragedia.
El juicio, que se extendió por diez largos meses, ha culminado con la condena de dos años y medio de prisión para Andrés Cortabitarte, exdirector de Seguridad en la Circulación del Adif, y para Francisco José Garzón Amo, el maquinista del tren. Ambos han sido encontrados culpables de 79 delitos de homicidio imprudente y 143 de lesiones por imprudencia grave, además de ser inhabilitados para ejercer sus profesiones por cuatro años y medio. La jueza ha determinado que ambos infringieron su deber de cuidado, creando un riesgo inaceptable que culminó en el descarrilamiento del tren.
La sentencia también establece una indemnización de 25 millones de euros para las víctimas, que será cubierta por las aseguradoras de Renfe y Adif, QBE y Allianz Global, respectivamente. Este monto busca compensar, en la medida de lo posible, el dolor y las pérdidas sufridas por las víctimas y sus familias. Sin embargo, el verdadero valor de esta sentencia reside en su reconocimiento de la negligencia y la falta de responsabilidad de las instituciones implicadas.
La sentencia ha revelado que la seguridad ferroviaria estaba en manos del Adif, que certificó la línea como segura a pesar de las advertencias. Un análisis de riesgos realizado por un consorcio de empresas especializadas había recomendado la implementación del sistema de protección automático ERTMS, que podría haber frenado el tren automáticamente en situaciones de peligro. Sin embargo, el Adif optó por sustituir el ERTMS por el sistema ASFA, que dependía exclusivamente del maquinista. Este cambio, que dejó algunos kilómetros de la línea sin la protección avanzada del ERTMS, fue un factor crucial en el accidente.
Una decisión "incomprensible"
La jueza Fernández Currás ha calificado como "incomprensible" la decisión de modificar una línea de alta velocidad equipada con un sistema avanzado de protección, delegando toda la responsabilidad al conductor sin una gestión de riesgos adecuada. Esta negligencia no solo pone de manifiesto la falta de previsión y el descuido de las autoridades ferroviarias, sino que también evidencia un intento sistemático de eludir responsabilidades.
Han pasado once años desde el accidente, pero el impacto de aquella noche sigue siendo palpable. Las víctimas y sus familias, los heridos, los vecinos de Angrois que acudieron en ayuda de los afectados y los equipos de emergencia que respondieron a la crisis mantienen viva la memoria de los acontecimientos. Esta sentencia no solo ofrece un sentido de justicia, sino que también reitera la importancia de la responsabilidad y la diligencia en la gestión de la seguridad pública.
La sentencia del accidente del Alvia es, por tanto, un recordatorio contundente de que el Estado y sus instituciones, como el Adif, deben asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Durante años, han intentado eludir esta responsabilidad, pero la verdad ha salido a la luz. Es imperativo aprender de esta tragedia para evitar que se repita y para que las víctimas encuentren en esta sentencia un pequeño consuelo en su dolor. La justicia, aunque tardía, debe servir como una llamada de atención para que nunca más se permita que la negligencia institucional ponga en riesgo vidas humanas. @mundiario