A 50 años del golpe, Argentina debe evitar que el revisionismo distorsione crímenes ya juzgados

Medio siglo después del golpe militar que el 24 de marzo de 1976 derrocó al Gobierno constitucional en Argentina, el país vuelve a mirarse en el espejo de su historia con una mezcla de memoria firme y debate inquietante. La fecha, convertida desde hace años en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, llega esta vez marcada por un clima político enrarecido, en el que han reaparecido con fuerza discursos que buscan revisar —y en algunos casos relativizar— la naturaleza del terrorismo de Estado.

La dictadura que se instauró aquel día no fue una sucesión caótica de abusos ni un episodio aislado de violencia política. Fue un sistema organizado desde el Estado para perseguir, secuestrar, torturar y hacer desaparecer a miles de personas. La existencia de centros clandestinos de detención, la apropiación sistemática de menores y la eliminación deliberada de opositores formaron parte de un método planificado, no de una desviación ocasional. La represión no fue un exceso: fue la política.

Esta caracterización no descansa únicamente en el testimonio de víctimas o en el trabajo persistente de organismos de derechos humanos. Se sustenta, sobre todo, en decisiones judiciales firmes. Argentina construyó, tras décadas de avances y retrocesos, un entramado jurídico que permitió juzgar esos hechos como crímenes de lesa humanidad. Las leyes que en su día intentaron cerrar el capítulo —como las de Punto Final y Obediencia Debida— fueron anuladas, y los indultos presidenciales dejaron de ser un obstáculo para la reapertura de causas. Lo que emergió de ese proceso no fue solo un consenso moral, sino una verdad jurídica consolidada.

Los crímenes de la dictadura argentina no son una interpretación histórica: son hechos probados y sentenciados

Por eso, la discusión actual no es una disputa abstracta entre relatos. No se trata de memorias enfrentadas en pie de igualdad. Lo que está en juego es la solidez de hechos probados en tribunales y documentados con miles de testimonios y pruebas. Cuando se intenta presentar aquellos años como una “guerra” entre bandos equivalentes, con responsabilidades repartidas y supuestos “excesos” mutuos, se introduce una narrativa que diluye la responsabilidad principal: la del Estado que utilizó su poder para actuar sistemáticamente fuera de la ley.

Ese discurso ha ganado visibilidad desde sectores del poder político, incluido el entorno del presidente Javier Milei, que ha promovido la idea de una “memoria completa” destinada a equiparar la violencia insurgente de los años setenta con el terrorismo de Estado. La fórmula no es nueva, pero su actual resignificación resulta inquietante porque desplaza el eje del debate: ya no se discute únicamente sobre el pasado, sino sobre el modo en que se interpreta el presente.

Las conmemoraciones de este 24 de marzo lo evidenciaron con claridad. Miles de personas volvieron a llenar la Plaza de Mayo y otras ciudades del país para exigir “memoria, verdad y justicia”. La presencia de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, muchas de ellas nonagenarias, recordó que la historia no es un ejercicio académico distante, sino una herida todavía abierta. Cada restitución de identidad de un nieto apropiado durante la dictadura no es solo un acto simbólico: es una prueba tangible de la dimensión de los crímenes cometidos.

Cuando se relativiza el terrorismo de Estado, no solo se reescribe el pasado: se debilitan los cimientos democráticos del presente

La persistencia de estas movilizaciones refleja algo más profundo que la conmemoración ritual. Muestra que la memoria democrática no depende únicamente de gobiernos o políticas públicas, sino de una sociedad que se resiste a aceptar el olvido o la relativización. Familias enteras, jóvenes estudiantes y ciudadanos sin afiliación política acuden cada año para sostener una consigna que resume una convicción colectiva: Nunca Más.

Sin embargo, la memoria no puede sostenerse únicamente en la emoción. Necesita anclarse en instituciones sólidas y en un respeto inequívoco por la verdad judicial. Cuando se sugiere que los crímenes de la dictadura son objeto de debate abierto o reinterpretación libre, se erosiona el principio básico de que ciertos hechos, por su gravedad, quedan fuera del terreno de la relativización política.

Ese es el riesgo de fondo del revisionismo contemporáneo: no solo altera la percepción del pasado, sino que introduce una ambigüedad peligrosa en el presente. Las democracias no se debilitan únicamente por los golpes de Estado; también se erosionan cuando sus consensos fundamentales se vuelven difusos. La condena inequívoca del terrorismo de Estado es uno de esos consensos indispensables.

Argentina ha sido, durante décadas, un referente internacional en materia de justicia transicional. Mientras otros países optaron por la amnesia institucional o por acuerdos que evitaban el enjuiciamiento de responsables, el país sudamericano apostó por convertir su memoria en materia de derecho. Ese camino no estuvo exento de conflictos ni de tensiones políticas, pero consolidó un principio esencial: los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no pueden ser relativizados.

A cincuenta años del golpe militar, el desafío ya no es únicamente recordar, sino preservar la integridad de lo recordado. La memoria democrática no exige unanimidad ideológica, pero sí claridad moral y jurídica. No todo puede ser reinterpretado sin consecuencias. Hay hechos que, por su gravedad y por la evidencia acumulada, pertenecen al terreno de lo incontrovertible.

La democracia, en definitiva, no se sostiene solo en elecciones periódicas ni en mayorías coyunturales. Se sostiene también en la defensa activa de ciertos límites éticos y legales. Permitir que el revisionismo distorsione crímenes probados y juzgados no es un ejercicio legítimo de pluralismo histórico: es una forma de debilitar las bases mismas del Estado de derecho.

Cincuenta años después, Argentina no está condenada a repetir su pasado. Pero tampoco está inmunizada contra su distorsión. Y en esa frontera entre memoria y negación se juega algo más que la interpretación de la historia: se juega la calidad y la fortaleza de su democracia. @mundiario