¿Hay corrupción en Galicia?

Un miembro del Gobierno de Galicia, Enrique López Veiga, ha acusado a "outros" --¿"outros" conselleiros?-- de que "paralelamente a súa vida política teñen experimentado un notable incremento do seu patrimonio". En el contexto en que se produjeron estas declaraciones, cuyo conjunto era una crítica a los rebeldes del PP --léase Baltar y Cuiña--, incluso los observadores más despistados miraron al ex-conselleiro de Política Territorial, como destinatario de semejante denuncia. Y por si algo faltaba, López Veiga explicó lo siguiente: "Eu son dos que non teño medo, porque creo que nos postos de goberno se está para servir, e os que non temos sufrido ningún proceso de enriquecemento, paralelamente a nosa actividade política, non temos problemas". Aunque la gente ha pensado en Cuiña, al haber experimentado sus empresas familiares una importante mejoría económica mientras él ejerció su labor en el Gobierno de Fraga, la verdad es que López Veiga habló en plural, con lo cual tampoco sería justo poner sólo a Cuiña en el punto de mira.

En la política gallega, y especialmente en el entorno de la Xunta, no es la primera vez que suceden cosas así. A raíz de la escisión liderada por Xosé Luís Barreiro Rivas, desde el PP llegaron a implicarlo en un escándalo del juego, hasta el punto de que fue condenado. También hay precedentes de declaraciones similares, como los comentarios de Augusto César Lendoiro sobre los negocios familiares de Paco Vázquez o incluso ciertas informaciones sobre las empresas de la familia Cuiña, pero nadie había ido tan lejos como López Veiga. Y, sobre todo, jamás un miembro del Gobierno de Galicia había dicho cosas así en público, por mucho que algunos compañeros suyos murmuren en los reservados de los restaurantes.

De momento, López Veiga ha aceptado la petición que le hizo la oposición socialista para que aclare en el Parlamento el contenido de sus declaraciones, sin que se conozcan otras reacciones, entre ellas las del fiscal. Cuiña ya se había autodenunciado en una ocasión y su amigo Paco Vázquez había hecho algo similar, con resultados satisfactorios para ambos. El fiscal de entonces no es el mismo que el de ahora, de igual modo que tampoco estamos ante las mismas circuntancias políticas.

La clave no debería estar en ir a por Cuiña, que, por otra parte, ya tiene bastantes problemas, sino en aclarar el alcance de la denuncia hecha por un miembro del Gobierno de Galicia. Todos sabemos que en casos como éstos, lo esencial es la condena política, más que la judicial, a menudo un mero instrumento, pero aún así algo habrá que hacer; máxime si López Veiga mantiene su posición en el Parlamento.