Venezuela aprueba una ley para regular las ONG a través de la vía judicial
El Parlamento de Venezuela aprobó este jueves, por unanimidad, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. La normativa, que fue aprobada en segunda discusión, se implementa en un contexto de creciente preocupación internacional sobre la represión y las violaciones de derechos humanos en el país.
La ley establece un sistema uniforme para la creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo de las ONG en Venezuela. Entre sus disposiciones, se incluye la obligación para las organizaciones de notificar sobre el financiamiento o donaciones recibidas, con el fin de asegurar la licitud de los fondos. Además, las ONG deberán aclarar en sus estatutos cómo contribuyen al desarrollo económico y social y registrar periódicamente sus fuentes de financiamiento ante la autoridad competente.
La aprobación de esta normativa llega tres semanas después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las cuales Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La oposición, sin embargo, ha cuestionado los resultados y ha atribuido la victoria a su candidato, Edmundo González.
Más de 1.000 detenciones y 23 muertos
Desde entonces, ONG y organismos internacionales han denunciado una ola de represión que incluye más de mil detenciones, al menos 23 muertos, la cancelación de pasaportes a periodistas y activistas, y el bloqueo temporal de redes sociales como X. Estas acciones han sido interpretadas por muchos como parte de una campaña para silenciar la oposición y controlar la sociedad civil.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha expresado su preocupación, pidiendo a las autoridades venezolanas que no promuevan leyes que puedan socavar el espacio cívico y democrático del país. A su vez, Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, ha criticado el discurso estigmatizador que asocia a las ONG con el terrorismo y ha alertado sobre la difusión de ideas que consideran fascistas.
Activistas y miembros de ONG en Venezuela han denunciado que esta ley busca criminalizar a la sociedad civil organizada. Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, ha afirmado que la ley formaliza la persecución de las organizaciones de la sociedad civil, mientras que Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, ha señalado que la normativa es un intento de cerrar el espacio cívico y reprimir a las ONG.
En el contexto de estas tensiones, la ley representa un nuevo desafío para las organizaciones que trabajan en áreas cruciales como la atención de presos, el monitoreo de la violencia, la revisión de casos de ejecuciones extrajudiciales y la defensa de la libertad de expresión.
La comunidad internacional y los defensores de derechos humanos continuarán observando de cerca el impacto de esta legislación en la capacidad de la sociedad civil para operar libremente en Venezuela. @mundiario