La UE baraja imponer sanciones a Georgia tras la represión en las protestas proeuropeas
La Unión Europea enfrenta una decisión crucial tras la represión violenta de manifestantes en Georgia, que protestan contra la suspensión de las negociaciones de adhesión del país al bloque europeo hasta 2028. En medio de cuatro noches consecutivas de protestas y un aumento en las tensiones políticas, los países bálticos ya han tomado la delantera, imponiendo sanciones unilaterales contra altos funcionarios georgianos.
Estonia, Letonia y Lituania anunciaron la creación de una lista negra que incluye a 11 altos funcionarios georgianos, entre ellos el oligarca Bidzina Ivanishvili, quien tiene fuertes vínculos con Rusia y controla desde las sombras al partido gobernante, Sueño Georgiano. Estas sanciones incluyen restricciones de entrada y buscan presionar al gobierno georgiano tras la represión violenta.
"Los opositores a la democracia y los violadores de derechos humanos no son bienvenidos en nuestros países", declararon los ministros de Relaciones Exteriores de las tres naciones. La medida aumenta la presión sobre la UE para coordinar sanciones a nivel comunitario, algo que podría debatirse en la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores del 16 de diciembre.
Aunque la UE ha evitado hasta ahora aplicar sanciones directas, el ambiente en Bruselas está cambiando. Kaja Kallas, la nueva alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, advirtió que la represión en Georgia tendrá "consecuencias directas", aunque no ofreció detalles. Los embajadores del bloque discutirán la situación en una reunión el jueves, lo que podría dar indicios sobre posibles medidas.
Sin embargo, cualquier decisión a nivel comunitario requiere unanimidad, y algunos países, como Hungría, podrían dificultar un consenso. Viktor Orbán, primer ministro húngaro, visitó Tiflis recientemente y expresó su apoyo a Irakli Kobajidze, el primer ministro de Georgia, elogiando su postura de evitar "convertirse en una segunda Ucrania".
Me gustaría felicitarle por el hecho de que, en el contexto de su deseo de integración europea, no haya permitido que su país se convierta en una segunda Ucrania", dijo a Kobajidze. Más tarde, un grupo de 13 países de la UE denunciaron la visita de Orbán por ser "prematura" y carecer de mandato para hablar en nombre del bloque.
Las manifestaciones en Georgia comenzaron tras el anuncio de Kobajidze de suspender las negociaciones de adhesión a la UE hasta 2028. Miles de manifestantes ondearon las banderas de Georgia y de la UE frente al Parlamento en Tiflis, enfrentándose a una fuerte respuesta policial que incluyó gases lacrimógenos y cañones de agua. Hasta ahora, 224 personas han sido detenidas y 44 fueron hospitalizadas, según informes del Ministerio del Interior.
La Coalición por el Cambio, una plataforma proeuropea, denunció la detención de uno de sus líderes, Zurab Japaridze, y calificó la represión como un ataque a la democracia. La presidenta georgiana, Salomé Zurabishvili, criticó al gobierno por "dar la espalda a Europa" y acercarse a Rusia.
El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución exigiendo la repetición de las elecciones generales de octubre, que estuvieron marcadas por denuncias de compra de votos, manipulación electoral e intimidación. También pidió sanciones contra altos funcionarios georgianos, incluidos Kobajidze y otros líderes de Sueño Georgiano, por presuntas violaciones a los derechos humanos y abusos de poder.
La decisión de suspender las negociaciones de adhesión contradice la propoia Constitución de Georgia, que obliga a las autoridades a trabajar por la integración en la UE y la OTAN. Este paso ha sido percibido, en efecto, como un alejamiento de Europa y un acercamiento a Rusia, especialmente tras la aprobación de leyes que limitan los derechos de ONG y comunidades LGBTQ+, que son comparables a algunas de las políticas del Kremlin.
Mientras tanto, los diplomáticos de Bruselas consideran opciones adicionales, como la suspensión del acuerdo de liberalización de visados con Georgia, aunque esta medida podría afectar a los ciudadanos comunes y no ha sido implementada hasta ahora.
El caso de Georgia se ha convertido en un nuevo frente en el debate sobre la influencia rusa en Europa del Este y la defensa de los valores democráticos en los países vecinos de la UE. La respuesta de Bruselas a la situación podría redefinir su compromiso con los principios democráticos en la región. @mundiario