Trump firma una orden para exigir una prueba de ciudadanía para votar en EE UU: ¿de qué se trata?

Donald Trump, presidente de EE UU. / RR SS
El presidente republicano busca reformar el sistema electoral al establecer requisitos más estrictos para la participación ciudadana en los comicios federales e impedimentos al voto por correo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva para reformar el sistema electoral al establecer requisitos más estrictos para la participación en las elecciones federales. Entre los cambios más destacados se encuentra la exigencia de una prueba documental de ciudadanía para registrarse para votar y la prohibición de contar boletas recibidas después del día de las elecciones.

La orden ejecutiva declara que EE UU ha fallado en “hacer cumplir protecciones electorales básicas”, e insta a los estados a compartir sus datos electorales con las agencias federales para combatir delitos electorales. Además, amenaza con retirar fondos federales a los estados que no cumplan con las nuevas disposiciones, lo que ha generado preocupación entre los defensores del derecho al voto y los líderes estatales.

Esta medida refuerza la postura de Trump sobre la integridad electoral, un tema que ha sido central en su agenda desde las elecciones de 2020, cuando perdió ante el demócrata Joe Biden y afirmó sin pruebas que hubo un fraude electoral masivo. Desde entonces, ha impulsado teorías sobre supuestas irregularidades en el sistema de votación, especialmente en lo que respecta al voto por correo.

Trump y sus aliados han argumentado repetidamente que el voto por correo es vulnerable al fraude, a pesar de que diversos estudios han demostrado que los casos de fraude electoral en EE UU son extremadamente raros y que el sistema es seguro. Sin embargo, la orden ejecutiva firmada este martes busca restringir la votación anticipada y por correo, lo que obliga a que todas las boletas sean recibidas el mismo día de las elecciones.

La ley federal exige que los votantes juren bajo pena de perjurio al registrarse que son ciudadanos y que cumplen con los requisitos de elegibilidad para votar. De hecho, los tribunales han intervenido en el pasado para impedir que estados como Texas o Florida impongan requisitos adicionales de prueba documental de ciudadanía para los votantes, ya que esto podría constituir una violación de los principios de igualdad establecidos en las leyes existentes. 

Por lo tanto, esta medida probablemente enfrentará impugnaciones legales, dado que los estados tienen una considerable autoridad para establecer sus propias regulaciones de votación, siempre que no contravengan la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act).

El impacto de exigir prueba de ciudadanía para votar

Uno de los puntos más polémicos de la orden es la exigencia de prueba de ciudadanía para registrarse como votante. Aunque en EE.UU. ya es ilegal que los no ciudadanos voten en elecciones federales, la medida impone nuevas barreras para millones de ciudadanos.

Según un informe del Brennan Center for Justice, alrededor de 21.3 millones de estadounidenses en edad de votar no cuentan con una prueba de ciudadanía fácilmente accesible, lo que podría excluir a votantes elegibles del proceso electoral. Especialistas en derecho electoral también advierten que el requisito podría afectar a mujeres casadas que han cambiado su apellido, ya que sus documentos pueden no coincidir con los registros oficiales.

La directiva afirma que su propósito es prevenir que los no ciudadanos participen en las elecciones, a pesar de la falta de evidencia que indique que la votación de no ciudadanos ocurre en números significativos en los Estados Unidos. Votar como no ciudadano se considera un delito grave, lo que crea un rastro documental que los funcionarios electorales están obligados a monitorear de forma rutinaria.

Si bien el Gobierno federal tiene cierto poder sobre las elecciones, la Constitución otorga a los estados la autoridad principal para establecer las reglas del proceso electoral. Por ello, varios funcionarios estatales y expertos han señalado que la orden de Trump podría enfrentar impugnaciones legales por interferir con la autonomía de los estados en materia electoral.

La secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, calificó la orden como “ilegal” y acusó a Trump de “utilizar el Gobierno federal como un arma para obstaculizar el derecho al voto”. Por su parte, el congresista demócrata Joe Morelle, de Nueva York, la consideró “inmoral e inconstitucional”, mientras que Marc Elias, abogado especializado en derecho electoral, advirtió en redes sociales que presentará demandas para bloquear la medida.

Trump revoca orden ejecutiva de Biden sobre acceso al voto

Uno de los efectos inmediatos de la nueva orden ejecutiva es la revocación de la orden firmada por Joe Biden en 2021, que pedía a agencias federales facilitar el registro de votantes y mejorar el acceso a la participación electoral. En su momento, esta medida fue criticada por republicanos, quienes la consideraron una “intromisión federal” en el proceso electoral estatal.

En contraste, la orden de Trump ordena a agencias como el Departamento de Seguridad Nacional, la Administración del Seguro Social y el Departamento de Estado a compartir información con funcionarios electorales para identificar a posibles no ciudadanos en las listas de votantes. También instruye al Departamento de Justicia a priorizar la persecución de delitos electorales, aumentando la presión sobre los estados que no cumplan con las nuevas reglas.

La medida ha generado una reacción dividida en el ámbito político. Mientras que demócratas y grupos de derechos civiles han criticado la orden por restringir el derecho al voto y suponer un retroceso en la accesibilidad electoral, algunos republicanos han respaldado la iniciativa como una acción necesaria para “restaurar la confianza en las elecciones”.

El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, apoyó la orden al afirmar que es “un gran primer paso hacia la integridad electoral a nivel nacional”. En la misma línea, el presidente del Comité de Elecciones de la Cámara de Representantes, el republicano Bryan Steil, dijo que la medida es “una acción bienvenida para evitar la influencia extranjera en las elecciones”.

Mientras tanto, el Comité Nacional Republicano ha anunciado el lanzamiento de un programa de auditoría de listas de votantes, enviando solicitudes de registros públicos a 48 estados y Washington D.C. para obtener información sobre cómo eliminan a personas no elegibles, incluidos fallecidos y no ciudadanos.

¿Qué sigue para la orden ejecutiva de Trump?

Dado que los estados tienen control sobre sus propios sistemas electorales, es muy probable que la orden ejecutiva de Trump enfrente múltiples desafíos legales en los tribunales federales. Si bien el Congreso puede intervenir en la regulación electoral, la Constitución establece que los estados tienen la autoridad para determinar los “tiempos, lugares y modos” en que se llevan a cabo las elecciones.

A pesar de esto, Trump ha dejado claro que esta es solo la primera de varias medidas que planea tomar en materia electoral. “Esto pondrá fin al fraude, con suerte”, declaró tras firmar la orden, y agregó que pronto anunciará nuevas reformas para endurecer aún más el sistema electoral. @mundiario