El Supremo de Estados Unidos tumba parte de los aranceles de Trump
El Tribunal Supremo de Estados Unidos, dominado por una mayoría conservadora, ha asestado un inesperado golpe al legado económico de Donald Trump: ha declarado inconstitucionales los aranceles recíprocos que el expresidente impuso a más de un centenar de países. La sentencia, de 170 páginas, obliga al Gobierno estadounidense a replantearse su política comercial y podría generar devoluciones de decenas de miles de millones de dólares, aunque no define cómo se ejecutarán. Este revés llega apenas cuatro días antes del esperado discurso del Estado de la Unión, alterando la narrativa que Trump planeaba proyectar sobre su regreso al poder.
Desde su proclamación en abril de 2025 como el “Día de la Liberación”, los aranceles recíprocos se convirtieron en la bandera de una estrategia de choque que buscaba, según Trump, proteger la industria nacional. La decisión del Supremo, liderada por John Roberts y apoyada por conservadores escépticos como Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, subraya que la IEEPA —la ley de poderes de emergencia de 1977 invocada por Trump— no otorga autoridad ilimitada al presidente para imponer gravámenes comerciales.
El fallo no elimina todos los aranceles creados por Trump, pero deja fuera de la ley los gravámenes más simbólicos de su estrategia, los que afectaban principalmente a socios comerciales de Estados Unidos y a países como China, Canadá y México. La sentencia reafirma un principio básico: la potestad de imponer impuestos y gravámenes recae en el Congreso, no en la Casa Blanca.
Una derrota que sacude la política comercial
La opinión mayoritaria refleja un consenso inusual en el Supremo moderno: seis jueces, incluidos tres conservadores nombrados por el propio Trump, se unieron a las liberales Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor. La derrota resulta aún más llamativa al contrastar con la tendencia habitual del tribunal de favorecer al ejecutivo en temas de ampliación de poder.
En contraste, las opiniones disidentes de Clarence Thomas, Brett Kavanaugh y Samuel Alito anticipan un panorama de caos económico. Kavanaugh, en particular, advirtió sobre la magnitud del impacto: Estados Unidos podría verse obligado a reembolsar miles de millones a importadores que ya trasladaron los costos a consumidores, generando lo que él califica como un “desastre” económico.
Repercusiones globales e incertidumbre legal
Los economistas de Penn-Wharton Budget Model estiman que los pagos indebidos podrían alcanzar los 175.000 millones de dólares. La Casa Blanca, lejos de retroceder, ya planea vías legales alternativas para mantener los aranceles vigentes. La medida abre además un interrogante internacional: más de un centenar de países afectados por los gravámenes deberán replantear sus relaciones comerciales con Washington, generando un efecto dominó en las cadenas globales de suministro.
El Supremo cuestiona la estrategia presidencial
La sentencia subraya que la IEEPA nunca estuvo pensada para definir políticas arancelarias de manera indiscriminada. Tal como recordó Neal K. Katyal, abogado de las empresas demandantes, la ley fue creada para imponer sanciones económicas en situaciones de emergencia, no para alterar el comercio global a voluntad del presidente. El caso pone en evidencia los límites de un poder ejecutivo que, durante el mandato de Trump, se expandió más allá de lo previsto por los padres fundadores.
Con apenas cuatro días para el discurso del Estado de la Unión, el fallo obliga a Trump a ajustar el relato que planeaba proyectar ante el Congreso y la opinión pública. La Casa Blanca enfrenta ahora la necesidad de equilibrar la defensa de su agenda económica con la gestión de un potencial tsunami de reclamaciones financieras. @mundiario