El Reino Unido prepara la creación de un “FBI británico”: una reforma policial para el siglo XXI
El Reino Unido se dispone a abordar una de las reformas policiales más ambiciosas de las últimas décadas. El Ejecutivo ha anunciado que presentará un plan para crear una nueva fuerza nacional, conocida informalmente como el “FBI británico”, que asumirá la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, el fraude a gran escala y el abuso infantil en línea.
La iniciativa busca reordenar un sistema policial fragmentado, diseñado —según el propio Gobierno— para un contexto muy distinto al actual.
El nuevo organismo, denominado Servicio Nacional de Policía (National Police Service, NPS), unificará bajo una misma estructura funciones que hoy están repartidas entre distintas agencias y cuerpos. En él se integrarán la National Crime Agency (NCA), las unidades antiterroristas, los grupos regionales contra el crimen organizado, la policía aérea, la vigilancia nacional de carreteras y otros recursos especializados.
Esta concentración pretende mejorar la coordinación, acelerar las investigaciones y facilitar el intercambio de inteligencia entre equipos que hoy operan con competencias dispersas.
Desde el Ministerio del Interior, la secretaria Shabana Mahmood ha defendido que el modelo actual sobrecarga a las 43 fuerzas policiales locales de Inglaterra y Gales con delitos para los que muchas no tienen ni medios ni formación suficiente.
Según el Ejecutivo, delitos como el fraude digital, las redes de explotación infantil o las bandas criminales transnacionales requieren capacidades técnicas, tecnológicas y financieras que superan el ámbito local. La creación del nuevo NPS permitiría que las policías territoriales se concentren en el delito cotidiano, desde robos y vandalismo hasta el tráfico de drogas a pequeña escala.
Uno de los pilares del proyecto es la centralización de recursos y adquisiciones. El nuevo cuerpo será responsable de la compra de tecnología y equipamiento para todas las fuerzas, lo que, según el Gobierno, reducirá costes y permitirá desplegar herramientas avanzadas de forma homogénea.
Entre ellas destaca el uso ampliado de sistemas de reconocimiento facial, una tecnología que ya ha sido utilizada por la Policía Metropolitana de Londres con miles de arrestos, pero que también ha generado un intenso debate sobre privacidad y sesgos.
El plan contempla además la creación de la figura de un comisario nacional de policía, que se convertiría en el máximo responsable policial del país. Este cargo reforzaría la cadena de mando y establecería estándares comunes de formación, ética y procedimientos, de modo que un agente esté sujeto a los mismos criterios profesionales independientemente del lugar en el que preste servicio.
Para el Gobierno, esta homogeneización es clave para garantizar que los ciudadanos reciban un nivel de protección similar “vivan donde vivan”.
La propuesta no surge en el vacío. El Reino Unido ha intentado en otras ocasiones construir una especie de “FBI a la británica”. En 2006, la Serious and Organised Crime Agency (SOCA) ya fue presentada bajo ese apodo, y posteriormente la NCA heredó parte de ese rol. Sin embargo, el Ejecutivo considera que esas reformas no lograron superar del todo la fragmentación del sistema ni adaptarse a la escala y sofisticación del crimen contemporáneo.
El contexto político y social también explica el impulso de la reforma. El Gobierno sostiene que existe una “epidemia de delitos cotidianos” que a menudo quedan impunes, mientras que las amenazas más graves —terrorismo, crimen financiero internacional o redes criminales digitales— se expanden con rapidez. La reorganización policial se presenta así como una forma de ganar eficacia en ambos frentes: liberar recursos locales y fortalecer la capacidad del Estado frente a delitos complejos.
No obstante, la iniciativa ha despertado reacciones encontradas. Sectores policiales y organismos como la Federación de Policía o la Asociación de Comisionados de Policía y Crimen han advertido de que menos cuerpos no garantizan necesariamente una mejor relación con las comunidades, y han señalado el coste y la complejidad de una reorganización de esta magnitud. También preocupa el impacto que pueda tener la centralización sobre la rendición de cuentas y el control político de la policía.
En conjunto, el proyecto del “FBI británico” refleja un intento de adaptar la arquitectura de la seguridad a un escenario marcado por la globalización del crimen y la tecnología. Más que una simple fusión de agencias, la propuesta apunta a redefinir el equilibrio entre lo local y lo nacional en la acción policial. @mundiario