Reelección indefinida en El Salvador: una reforma constitucional que redefine el poder de Bukele
La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo de Nuevas Ideas, aprueba una reforma exprés que permite al presidente concurrir en las elecciones otra vez, elimina la segunda vuelta y extiende el mandato a seis años.
El Salvador ha dado un giro decisivo en su arquitectura institucional. En la noche del Día del Periodista en un contexto de creciente represión contra la prensa crítica, el Parlamento salvadoreño aprobó una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, extiende el mandato de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral. Un paquete legislativo que, de facto, consolida el poder del presidente Nayib Bukele y redefine el sistema político del país.
Con 57 votos a favor y apenas tres en contra —los únicos de la oposición—, la Asamblea Legislativa reformó los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución de 1983. Esta modificación, impulsada sin debate y con dispensa de trámite, elimina uno de los principales contrapesos al poder presidencial: la prohibición explícita de la reelección consecutiva. Además, reorganiza el calendario electoral con el fin de unificar comicios presidenciales, legislativos y municipales a partir de 2027.
Aunque la reforma constitucional era previsible, no deja de ser histórica por su profundidad y alcance. Desde que Bukele asumió la presidencia en 2019, su Gobierno ha transitado una ruta sostenida de concentración de poder. Tras arrasar en las elecciones legislativas de 2021, el bloque oficialista Nuevas Ideas sustituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que poco después revirtieron la interpretación histórica que impedía la reelección inmediata del presidente.
Esa decisión judicial —señalada por juristas como inconstitucional— permitió que Bukele se postulara para un segundo mandato, que obtuvo en 2024 con más del 80 % de los votos. A partir de ahí, el camino hacia la reforma constitucional se volvió inevitable. Lo que en su momento fue una reinterpretación judicial controvertida ha terminado cristalizándose en un cambio legal que modifica las reglas del juego democrático en El Salvador.
Una reforma exprés que redefine los poderes
Desde el oficialismo, se ha defendido la reforma como un ejercicio de empoderamiento ciudadano. “Históricamente, la reelección ha estado permitida en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular, sin prohibiciones, sin condiciones en particular, y la única excepción hasta el momento ha sido la Presidencia”, afirmó la diputada Ana Figueroa. Según la narrativa gubernamental, la ciudadanía “va a tener el poder de decidir hasta cuándo desean apoyar el trabajo de cualquier funcionario público e incluyendo su presidente”.
Hasta ahora, El Salvador celebraba elecciones cada dos años en ciclos escalonados, lo que, según Bukele, generaba una campaña política permanente y desgastaba la gobernabilidad.
Para la oposición y numerosos observadores internacionales, la aprobación de esta reforma supone un golpe a la democracia salvadoreña. “Este día murió la democracia”, denunció la diputada opositora de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Marcela Villatoro, quien calificó la sesión legislativa como “una confesión pública de matar la democracia disfrazada de legalidad”. “Esta es la crónica de una muerte anunciada que lleva varios años fabricándose en esta Asamblea Legislativa”, sentenció.
Además, múltiples voces señalan que esta reforma se aprobó sin participación ciudadana, sin consulta con la academia, la oposición o la sociedad civil, lo que debilita su legitimidad. El proceso exprés, sin deliberación parlamentaria, refuerza la percepción de que las instituciones salvadoreñas han sido cooptadas por el oficialismo
¿Una nueva era o un retroceso democrático?
Aunque técnicamente la reforma aún requiere ser ratificada por la siguiente legislatura para entrar en vigor —un trámite que se da por descontado dada la mayoría oficialista—, sus efectos políticos ya son inmediatos. En 2027, Bukele podrá volver a postularse y seguir acumulando poder en un marco constitucional rediseñado a su medida.
El debate que se abre no es solo jurídico, sino político y ético: ¿puede una reforma impulsada sin contrapesos institucionales considerarse plenamente democrática? ¿Es suficiente la popularidad para justificar un modelo de poder personalista? ¿Y qué garantías existen para la alternancia y la rendición de cuentas?
En un país con instituciones debilitadas y crecientes denuncias de represión, la legalización de la reelección indefinida no puede entenderse en el vacío. Más allá del respaldo popular del presidente, lo que está en juego es la salud democrática de El Salvador a largo plazo. La historia reciente de América Latina ofrece numerosos ejemplos de líderes que, valiéndose de reformas legales, transformaron regímenes democráticos en sistemas autoritarios. @mundiario