¿La presión de Trump funciona?: Bolsonaro bajo prisión domiciliaria y a un paso de ser condenado

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil y figura central de la ultraderecha latinoamericana, ha entrado oficialmente en la fase más delicada de su batalla judicial. Desde este lunes permanece bajo prisión domiciliaria permanente en su residencia en Brasilia, tras una nueva orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), por violar las medidas cautelares que le prohibían utilizar redes sociales.

A pesar de la presión internacional ejercida por el expresidente de EE UU, Donald Trump —quien impuso aranceles del 50 % a Brasil y sancionó al propio juez Moraes—, la Justicia brasileña no ha cedido. La orden judicial restringe las comunicaciones de Bolsonaro a su familia directa y a sus abogados, marcando un giro decisivo en el procesamiento por intento de golpe de Estado. Este caso revela una doble dinámica: el intento del presidente norteamericano de influir en un proceso judicial extranjero para proteger a un aliado político, y la respuesta de las instituciones brasileñas que, hasta ahora, se han mostrado impermeables a estas presiones externas.

Desde su regreso al poder, Trump ha asumido una postura agresiva en política exterior. En el caso brasileño, ha vinculado abiertamente su guerra arancelaria a la causa judicial de Bolsonaro. El republicano impuso tarifas del 50 % a las exportaciones brasileñas, las más altas dictadas por su administración a cualquier país, pese al superávit comercial sostenido de EE UUcon Brasil.

Simultáneamente, el Departamento del Tesoro sancionó al juez De Moraes bajo la Ley Magnitsky, acusándolo de violaciones a los derechos humanos por presuntamente perseguir a la oposición. El Departamento de Estado fue más lejos aún: pidió la liberación de Bolsonaro y amenazó con responsabilizar “a todos aquellos que ayuden o colaboren con conductas sancionadas”.

Pero el impacto político de estas medidas ha sido limitado. La narrativa de victimización impulsada por Trump no ha calado profundamente en Brasil, donde el 60 % de la población rechaza las presiones estadounidenses contra el STF, según el último sondeo de Datafolha.

El Supremo actúa: prisión domiciliaria y juicio inminente

La decisión de imponer arresto domiciliario a Bolsonaro llega tras un incidente considerado grave por el STF: su participación indirecta en manifestaciones el domingo a través de una videollamada reproducida por su hijo Flávio Bolsonaro. Para el juez De Moraes, esto supuso una violación directa de las medidas cautelares, incluida la prohibición expresa de usar redes sociales o comunicarse con terceros fuera de su núcleo familiar.

En su fallo, el magistrado fue categórico: “la justicia es ciega, pero no es tonta”. De Moraes defendió el principio de igualdad ante la ley y rechazó cualquier tipo de inmunidad política para Bolsonaro.

Este episodio se suma a una lista de acusaciones graves contra el exmandatario, acusado de cinco delitos relacionados con el intento de revertir los resultados de las elecciones de 2022, que desembocó en el asalto a la plaza de los Tres Poderes de Brasilia. La condena que podría enfrentar va de 12 a 43 años de cárcel. La sentencia definitiva se espera en septiembre.

EE UU podría escalar las sanciones

La reacción de Washington no se detiene en el plano simbólico. La Casa Blanca ya ha advertido de que responderá con nuevas sanciones económicas si Brasil toma represalias comerciales. Además, los aranceles ya pactados comienzan a regir esta semana, lo que afecta sectores clave de la economía brasileña que, además, también impactará productos tradicionales del mercado estadounidense como el café o el zumo de naranja.

Fuentes del Palacio de Planalto consideran esta estrategia como un intento de “coerción económica” que busca alterar decisiones del Poder Judicial, una acusación grave en cualquier democracia.

A su vez, la injerencia estadounidense podría terminar por consolidar un consenso institucional en Brasil en defensa de la soberanía judicial. Aunque el presidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva no ha capitalizado políticamente la situación —su popularidad sigue estancada a pesar del balón de oxígeno que supone el choque con Trump—, hay señales claras de que el STF se siente cada vez más respaldado por la opinión pública. @mundiario