Perú ante las urnas: 35 candidatos y un Congreso incierto en un país que devora presidentes

Las elecciones generales en Perú se han convertido en un caso paradigmático de complejidad electoral y crisis estructural. Con más de 27 millones de ciudadanos convocados, 35 candidatos presidenciales en liza y cinco procesos de votación simultáneos, el país afronta una jornada inédita que refleja tanto la fragmentación política como el desgaste de sus instituciones.

Más que una simple elección, se trata de un test sobre la capacidad del sistema para sostenerse tras una década marcada por la volatilidad y la desconfianza.

Nunca antes el electorado peruano se había enfrentado a una papeleta de tal magnitud, ni a la posibilidad de emitir hasta 12 marcas en un mismo día. La elección no solo definirá al próximo presidente para el periodo 2026-2031, sino también a un Congreso bicameral —60 senadores y 130 diputados— y a los representantes ante el Parlamento Andino.

Este retorno al bicameralismo introduce un cambio institucional profundo. A diferencia del modelo anterior, el nuevo Senado no podrá ser disuelto por el presidente, pero sí tendrá la capacidad de destituirlo. Este rediseño refuerza el poder legislativo en un país donde la figura de la “vacancia presidencial” ha sido utilizada de forma recurrente.

La fragmentación es el rasgo dominante. Ninguno de los 35 aspirantes ha logrado consolidar un liderazgo claro. Figuras como Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga o Carlos Álvarez compiten en un escenario donde el voto se dispersa y el porcentaje de indecisos sigue siendo significativo.

El sistema exige más del 50% de los votos válidos para evitar una segunda vuelta, un umbral que, dada la atomización del voto, parece inalcanzable. Todo apunta a un balotaje, lo que prolongará la incertidumbre política al menos hasta junio.

A diferencia de la elección presidencial, el Congreso se decide en una sola vuelta. Esto implica que la fragmentación se trasladará directamente al Legislativo, lo que dificultará la formación de mayorías estables. Además, por primera vez en décadas, candidatos presidenciales compiten simultáneamente por escaños parlamentarios, difuminando aún más las fronteras entre Ejecutivo y Legislativo.

Un país que devora presidentes

El resultado será, previsiblemente, un Congreso altamente dividido en un contexto donde ya existe una fuerte desconfianza ciudadana hacia esta institución, con niveles de desaprobación superiores al 80%. Esta combinación —Ejecutivo débil y Legislativo fragmentado— ha sido uno de los principales motores de la inestabilidad reciente.

La historia reciente de Perú explica en gran medida la incertidumbre actual. En la última década, el país ha tenido ocho presidentes, en un ciclo marcado por destituciones, renuncias y crisis políticas recurrentes. El caso de Pedro Castillo ilustra esta dinámica: elegido en 2021 como outsider, fue destituido tras asestar un autogolpe tras intentar disolver el Congreso, en un episodio que profundizó la crisis institucional.

Su sucesión no estabilizó el sistema. Gobiernos breves, escándalos de corrupción y conflictos entre poderes han consolidado la percepción de que la presidencia en Perú es un cargo frágil, expuesto a una constante presión política.

El voto no parece estar guiado por una división ideológica clara, sino por preocupaciones concretas: inseguridad, corrupción y deterioro económico. El aumento de la delincuencia —especialmente la extorsión violenta— ha alimentado propuestas de mano dura, mientras que los escándalos políticos han erosionado la confianza en las élites.

Este contexto ha favorecido el surgimiento de candidaturas antisistema y ha reforzado la volatilidad electoral. En Perú, no es inusual que un candidato sin opciones aparentes termine liderando la primera vuelta, reflejo de un electorado altamente cambiante.

Un sistema en tensión permanente

Las elecciones de 2026 no solo definirán un nuevo gobierno, sino que pondrán a prueba un modelo político que ha mostrado signos de agotamiento. La coexistencia de un Ejecutivo débil, un Legislativo fortalecido y fragmentado, y un sistema de partidos precario configura un escenario de gobernabilidad incierta.

La magnitud de la elección —en número de candidatos, complejidad técnica y contexto político— es, en realidad, el síntoma visible de un problema más profundo: la dificultad de construir estabilidad en un sistema donde las reglas han sido utilizadas como herramientas de confrontación.

Todo indica que, independientemente del resultado, Perú continuará enfrentando desafíos estructurales. La fragmentación política, la debilidad institucional y la desconfianza ciudadana no se resuelven en una sola jornada electoral. @mundiario