La ONU expresa “profunda preocupación” por la detención de Rocío San Miguel

Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano. / RR SS.
Las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, cuando intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar.

La Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela expresó su alarma este martes ante la situación de Rocío San Miguel, una defensora de derechos humanos detenida por las autoridades venezolanas el pasado viernes.

San Miguel, quien es presidenta de la organización Control Ciudadano, fue detenida junto a su hija en el aeropuerto internacional Simón Bolívar cuando intentaban embarcar en un vuelo.

Según informó la Misión en un comunicado, el Fiscal General acusó a San Miguel de participar en un supuesto intento de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos cargos del gobierno, así como de estar implicada en ataques contra unidades militares y otras instituciones en todo el país. Sin embargo, la defensora de derechos humanos, su hija, dos hermanos y su actual marido se encuentran en paradero desconocido.

Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Investigación, advirtió que estas acciones no parecen ser incidentes aislados, sino que forman parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a los percibidos como opositores al régimen. La Misión también expresó su preocupación por otras detenciones y amenazas de detención de miembros de la Comisión Nacional de Primarias y militantes del partido político Vente Venezuela, así como la inhabilitación de dirigentes políticos, incluyendo a la líder opositora María Corina Machado.

¿Dónde están los detenidos?

La Misión ha recordado al gobierno de Venezuela sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos y ha instado a proporcionar información sobre el paradero de todos los detenidos cuyos lugares de detención aún se desconocen. Asimismo, ha exigido que se respeten los derechos humanos de los investigados, detenidos y procesados, y que se eviten medidas represivas contrarias al derecho internacional.

La situación también ha sido criticada en el contexto de la próxima aprobación de una ley que regula las organizaciones no gubernamentales en Venezuela, lo que podría afectar su independencia y aumentar las medidas de represión e intimidación contra quienes expresan críticas al gobierno.

"Es preocupante que la Fiscalía siga operando de acuerdo con el interés del Gobierno para permitirle una apariencia de legalidad a todos estos abusos", concluyó Valiñas. @mundiario