Morena aprovecha la reforma judicial: se asegura el control de la selección de los jueces
El Senado mexicano, con mayoría del partido gobernante Morena, junto con el PT y el PVEM, ha aprobado una controvertida propuesta de ley que modifica un elemento clave de la reciente reforma al Poder Judicial: la independencia de los Comités de Evaluación para aspirantes a jueces. Esta reforma judicial, inicialmente promulgada bajo el argumento de garantizar que la selección de jueces, magistrados y ministros fuera un proceso técnico y meritocrático, establecía que estos comités serían los encargados de evaluar a los abogados candidatos y proponer las listas finales de los más calificados para ser votados por la ciudadanía.
Sin embargo, el nuevo cambio legislativo permite que las listas elaboradas por los comités puedan ser vetadas por el Congreso, el Ejecutivo federal y el Poder Judicial, lo que ha generado una fuerte oposición.
La modificación fue aprobada en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado, dominadas por el bloque oficialista, y que fue ratificada por el pleno. La oposición ha alzado su voz en protesta, calificando la medida como inconstitucional. Argumentan que, al otorgar a los poderes de la Unión la capacidad de vetar las decisiones de los comités técnicos, se socava la independencia de estos órganos y se desvirtúa el propósito de la reforma judicial. Según Ricardo Anaya, senador del Partido Acción Nacional (PAN), esta modificación pone en peligro la imparcialidad del proceso y consolida el control político sobre la elección de los jueces.
El veto a las listas ya había sido propuesto en la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado. El artículo 500 de dicha ley establece que los Comités de Evaluación deben elaborar listados de los aspirantes más calificados, que luego serían revisados por los tres poderes de la Unión. El cambio legislativo aprobado por el oficialismo refuerza esta disposición al permitir que, si se rechaza la totalidad o parte de una lista, los comités tengan que presentar una nueva. Esto, según los críticos, debilita la autonomía de los comités y deja abierta la posibilidad de un mayor control por parte del Ejecutivo y el Congreso, dominado por Morena.
La reforma judicial, que fue aprobada por el Congreso en septiembre y promulgada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, había establecido a los Comités de Evaluación como una garantía de imparcialidad. Su función era evaluar la idoneidad de los aspirantes a jueces basándose en sus antecedentes académicos, profesionales y su honestidad, además de realizar un sorteo para reducir la lista de candidatos a aquellos más aptos para el cargo. Sin embargo, con el cambio legislativo, los poderes de la Unión podrían ahora vetar nombres de esa lista sin justificación clara.
La oposición insiste en que el Gobierno quiere controlar los poderes
La oposición ha advertido que esta nueva propuesta de ley contradice la Constitución, ya que la enmienda judicial estipula que cada poder debe integrar su propio Comité de Evaluación independiente. Esta disposición fue diseñada para garantizar un proceso técnico y objetivo en la selección de jueces, eliminando cualquier influencia política. Ahora, con el poder de veto en manos del Ejecutivo y el Congreso, la oposición teme que se pierda esa independencia y que el proceso se politice aún más.
El senador Anaya fue uno de los más críticos durante la sesión en comisiones. Recordó que el oficialismo había defendido la creación de los Comités de Evaluación como una "garantía" de imparcialidad, pero ahora, con esta nueva ley, ese argumento queda desmantelado. "Se están dando a ustedes mismos, a la presidenta y a la Cámara de Diputados el derecho de vetar las selecciones del comité", declaró, calificando la medida como un "exceso" y advirtiendo de las graves implicaciones para la independencia judicial en el país.
La votación en el pleno del Senado requerirá de una mayoría simple para ser aprobada, ya que se trata de una reforma a una ley secundaria. Posteriormente, la propuesta será enviada a la Cámara de Diputados, donde podría ser ratificada o modificada. Si la Cámara baja aprueba el dictamen sin cambios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la última palabra sobre la posible inconstitucionalidad de la ley. @mundiario