El modelo de Nayib Bukele y sus sombras en la justicia de El Salvador
Nayib Bukele ha vuelto a reivindicar con fuerza su modelo de seguridad durante la conmemoración de la independencia de Centroamérica. No es nuevo: lleva años presentando su proyecto como un ejemplo a seguir, convencido de que El Salvador pasó de ser “el país más inseguro del mundo” a convertirse en el más seguro del hemisferio. En su discurso, se permitió incluso llamar a otros países a replicar sus políticas, obviando un debate central: ¿a qué precio se ha alcanzado esa “paz”?
La narrativa de Bukele no carece de habilidad política. Vincula la independencia de 1821 con lo que él define como “independencia de verdad” frente a los poderes internacionales, envolviendo sus decisiones en una épica de soberanía. Pero cuando se analizan los datos y las medidas que sostienen este relato, aparecen grietas profundas. El régimen de excepción, prorrogado más de 40 veces, ha significado la suspensión de garantías constitucionales que son la base de cualquier Estado de derecho.
La seguridad como argumento y la justicia como rehén
El punto más delicado de la política de Bukele no es solo la reducción drástica de homicidios, que es un hecho innegable, sino el modo en que se ha conseguido. El propio presidente prometió que los casi 90.000 detenidos en su “guerra contra las pandillas” “no saldrán libres nunca”, lo que revela una concepción autoritaria de la justicia. A mediados de agosto, reformas exprés a la Ley Contra el Crimen Organizado permitieron que miles de personas puedan permanecer hasta siete años en prisión preventiva sin sentencia, incluso si acaban resultando inocentes.
El sistema judicial, además, ha sido moldeado a la medida del Ejecutivo. Desde 2021, con la purga de jueces mayores de 60 años y el nombramiento de magistrados afines, el equilibrio de poderes quedó debilitado. A ello se suman medidas excepcionales como los juicios masivos o la figura de jueces anónimos, prácticas que rompen con la idea básica de una justicia imparcial y transparente.
Los testimonios de familiares de detenidos recuerdan que detrás de las cifras hay vidas en suspenso. El caso de Jonatan, un mecánico preso desde hace más de tres años sin pruebas concluyentes, ilustra cómo la política de detenciones masivas arrastra a inocentes. Organizaciones de derechos humanos advierten que más de 6.000 denuncias por arrestos arbitrarios podrían ser solo la punta del iceberg.
El dilema entre paz y democracia
La gran pregunta es si este modelo puede considerarse sostenible. Bukele insiste en que la educación será la llave para consolidar una paz duradera, pero de momento su estrategia se apoya en la fuerza y en un sistema judicial debilitado. El riesgo es claro: un país puede ganar seguridad a corto plazo, pero si para ello erosiona derechos fundamentales, abre la puerta a una forma de autoritarismo que luego es difícil revertir.
La metáfora que él mismo usó en redes, comparándose con Thanos, es reveladora. El villano de Marvel reduce la población a costa de un sacrificio brutal, con la justificación de salvar al mundo. En El Salvador, se presume haber reducido la violencia, pero el coste humano son miles de familias que esperan justicia, muchas de ellas sin saber siquiera si sus seres queridos están vivos.
La lección para otros países es clara: combatir la criminalidad es legítimo y urgente, pero nunca puede significar renunciar a la justicia ni aceptar la lógica del “todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario”. Una seguridad construida sobre la violación sistemática de derechos no es verdadera seguridad, sino un espejismo que tarde o temprano se resquebraja. Y ese es el debate que debe ocuparnos si no queremos que el remedio sea peor que la enfermedad. @mundiario