Mineápolis desborda las calles contra el ICE y Trump en una protesta que desafía al poder federal
Mineápolis ha vuelto a convertirse en epicentro de la contestación social en EE UU. A quince grados bajo cero, una multitud volvió a ocupar el Government Plaza y las principales arterias del centro de la ciudad para protestar contra Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la presencia masiva de agentes federales en un estado gobernado por demócratas. El frío extremo no ha frenado una movilización que se repite semana tras semana y que ha pasado de la indignación puntual a una dinámica organizada y persistente.
Las consignas se repiten, pero el mensaje se amplía a varias políticas domésticas que desatan la indignación de los manifestantes: rechazo a las redadas migratorias, denuncia de la detención de miles de inmigrantes sin antecedentes, críticas a la separación de familias y a los traslados a centros lejanos sin acceso inmediato a abogados, y protesta por la muerte de ciudadanos estadounidenses durante operaciones federales, en particular las de Renee Good y el enfermero Alex Pretti. Todo ello se mezcla con un creciente malestar por el arresto de manifestantes, activistas y periodistas, y por una retórica oficial que califica las protestas de “agitadas” o “financiadas”, sin aportar pruebas.
A diferencia de grandes convocatorias concentradas en un solo día, lo que se observa en Minnesota es un modelo de movilización descentralizada y constante. Pequeñas asociaciones vecinales, parroquias, grupos estudiantiles, ONG y colectivos profesionales mantienen una presión diaria frente a juzgados, comisarías y edificios federales. Redes de apoyo se activan con rapidez ante cualquier operativo del ICE cerca de colegios, hospitales o centros comerciales, mientras comercios y voluntarios organizan ayuda material para las familias afectadas.
Este tejido social explica por qué, aunque algunas iniciativas como el “apagón económico” no han cuajado plenamente, las marchas siguen reuniendo a decenas de miles de personas. No se trata solo de números, insisten los organizadores, sino de constancia y comunidad. Esa cultura cívica, profundamente arraigada en Minnesota, ha sido destacada incluso por medios locales como un rasgo diferencial del estado.
El choque institucional en Minnesota
El trasfondo de las protestas ha ido ganando peso político. El gobernador Tim Walz ha advertido de que Minnesota se está convirtiendo en un “laboratorio” de actuación federal, alertando del riesgo de una ruptura nacional si se normaliza el uso de fuerzas armadas del Estado contra gobiernos locales y ciudadanos. La comparación con episodios históricos de fractura interna refleja hasta qué punto el conflicto ha superado el marco estrictamente migratorio.
La Administración Trump, por su parte, minimiza el impacto de las movilizaciones y reivindica el respaldo de una “mayoría silenciosa” que, según el presidente, apoya una política de “ley y orden”. Desde Washington se defiende el despliegue federal como necesario, incluso después de que los tribunales hayan cuestionado algunas actuaciones y de que se hayan ignorado resoluciones judiciales, según denuncian las organizaciones de derechos civiles.
Uno de los elementos que más inquietud ha generado es la detención de periodistas que cubrían las protestas. Los arrestos de reporteros conocidos y de periodistas independientes han sido interpretados por amplios sectores como un intento de intimidación y un ataque directo a la Primera Enmienda.
Mientras el Departamento de Justicia justifica estas acciones en la protección de la libertad religiosa y la propiedad privada, numerosas voces alertan de que se está criminalizando el trabajo informativo en un contexto de alta polarización y tensión social en el estado en el que, además, se produjo la muerte de George Floyd bajo excesos policiales en 2020, que desató una ola de manifestaciones en todo el país y reconfiguró por completo la sensación de crispación en la sociedad estadounidense.