Maduro recurre a la guerra para tapar la inflación: una estrategia con fecha de caducidad

Venezuela vive un momento de aparente paradoja. El Gobierno celebra cifras de crecimiento económico que —según sus propias fuentes— rondan el 7% del PIB, un logro que Nicolás Maduro exhibe como prueba de la resiliencia del modelo bolivariano. Sin embargo, más allá de los discursos televisados y de la retórica triunfalista, los indicadores reales muestran una economía frágil, sostenida por alambres y sometida a presiones internas y externas que amenazan con hacerla caer de nuevo al abismo de la hiperinflación.

El relato oficial intenta vender optimismo en medio de un contexto enrarecido. El Banco Central de Venezuela, subordinado al Ejecutivo, publica cifras que contradicen abiertamente los informes de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que sitúa el crecimiento real del país apenas por encima del 1% y anticipa una inflación cercana al 270% al cierre de 2025. Esa distancia entre lo que el Gobierno dice y lo que los ciudadanos viven no es un simple desacuerdo técnico: es el síntoma de una desconfianza estructural que atraviesa todos los niveles de la economía venezolana.

En los últimos meses, el bolívar ha seguido su senda descendente sin freno, perdiendo terreno frente a un dólar que, paradójicamente, también se devalúa dentro de las fronteras del país. Desde agosto, el tipo de cambio oficial ha pasado de 133 a 217 bolívares por dólar —una depreciación del 60%—, mientras que en el mercado paralelo la divisa estadounidense supera los 310 bolívares. La brecha entre ambas tasas, que ronda el 43%, ha distorsionado el comercio, encarecido las transacciones y obligado a los venezolanos a improvisar cada día un nuevo tipo de supervivencia económica.

Maduro ha reaccionado con el reflejo de siempre: perseguir a quienes informan sobre los precios, cerrar las plataformas que difunden cotizaciones no oficiales y acusar de “terrorismo económico” a los analistas que contradicen la versión estatal. Es una estrategia que mezcla el control político con el miedo, pero que ignora una realidad básica: la inflación no se combate con decretos ni con amenazas judiciales, sino con confianza, inversión y credibilidad institucional, tres elementos que el chavismo ha erosionado de manera sistemática.

A todo esto se suma la dimensión geopolítica. Las tensiones con Estados Unidos han resurgido, y la retórica de confrontación militar ha vuelto a instalarse en el discurso del Gobierno. Cada nueva amenaza o movimiento de Washington —real o sobredimensionado— alimenta la narrativa del enemigo externo, pero también desata una reacción interna inmediata: los inversores se repliegan, los capitales huyen y el dólar escasea en el mercado. Esa incertidumbre no solo debilita la economía, sino que se traduce en un deterioro visible del ánimo social.

El país que un día fue una potencia petrolera —la quinta economía más grande de América Latina— funciona hoy a apenas un 30% de su capacidad histórica. Su producción de crudo, aunque recuperada parcialmente, sigue limitada por las sanciones internacionales y los descuentos que imponen los intermediarios en las operaciones. El resultado es un flujo de ingresos insuficiente para financiar la estructura del Estado, mantener los servicios públicos o aliviar los sueldos simbólicos que perciben los trabajadores. En un contexto de inflación de tres dígitos, los bonos sociales y los aumentos puntuales de gasto público no son más que paliativos momentáneos.

Maduro presume de haber logrado una “estabilidad parcial” tras años de colapso. Y es cierto que, entre 2021 y 2023, Venezuela conoció un leve respiro gracias a la dolarización informal y a la tímida apertura hacia ciertos sectores empresariales. Pero esa tregua económica, más pragmática que ideológica, está llegando a su fin. El agotamiento de divisas, la escasez de dólares físicos y la reaparición de la inflación devoran lo poco que quedaba de optimismo.

Los economistas independientes advierten ya de un escenario preocupante: el exdiputado José Guerra sitúa la inflación en torno al 400% y no descarta un retorno a la hiperinflación. El Banco Central, por su parte, lleva meses sin publicar datos oficiales, un silencio que en Venezuela es más elocuente que cualquier cifra.

El espejismo del crecimiento que Maduro vende en sus discursos tiene un precio político. En su intento de mostrar fortaleza, el Gobierno vuelve a cerrar el debate público, castigar la transparencia y culpar a factores externos de sus fracasos internos. Pero lo que está en juego ya no es solo la credibilidad de su gestión económica, sino la viabilidad misma de un país que se ha acostumbrado a vivir en emergencia permanente.

Venezuela no necesita más discursos sobre “cuerpos que se están curando” ni más promesas de recuperación milagrosa. Necesita confianza, reglas estables y una política económica coherente. Mientras eso no ocurra, cualquier brote de crecimiento será apenas un espejismo en medio del desierto inflacionario. Y cada nueva crisis —monetaria, política o diplomática— se convertirá en una herida más en el cuerpo de una nación que lleva demasiado tiempo sobreviviendo al borde del colapso. @mundiario