Venezuela libera presos políticos: un gesto calculado bajo la presión de Trump
El Gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado la excarcelación de 99 presos políticos opositores el día de Navidad, en el momento de mayor crispación política y militar con Estados Unidos. Se trata de la cifra más elevada de liberaciones de personas detenidas por motivos políticos registrada en los últimos 12 meses en Venezuela, según ha confirmado el Ejecutivo este viernes.
La medida supone el mayor gesto de alivio judicial desde el pasado 2 de agosto, cuando 13 prisioneros políticos salieron de prisión bajo medidas sustitutivas. En diciembre de 2024, cerca de un centenar de personas habían sido liberadas tras haber sido arrestadas por participar en protestas antigubernamentales posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyos resultados no fueron reconocidos por la oposición ni por una parte significativa de la comunidad internacional.
El chavismo ha puesto así sobre la mesa una concesión cuidadosamente medida, orientada a aliviar la presión interna y externa sin transmitir señales de debilidad política. De los cerca de 1.000 presos políticos que siguen privados de libertad, según las ONG Provea y Justicia, Encuentro y Perdón, únicamente 75 han regresado a sus hogares con esta decisión.
La mayoría de las personas excarceladas había sido detenida tras las protestas que siguieron a los comicios presidenciales de julio de 2024, considerados fraudulentos por la oposición. Hasta el momento, no se ha informado de la liberación de dirigentes políticos o activistas de primera línea, pese a que continúan detenidos numerosos referentes del antichavismo.
Las autoridades no han difundido aún la lista completa de personas beneficiadas. Entre los casos confirmados figura el de la profesora Marggie Orozco, condenada recientemente a 30 años de prisión por mensajes críticos con el Gobierno difundidos en una cadena de WhatsApp. Al menos 65 hombres han salido del penal de Tocorón, en el centro-norte del país, mientras que tres mujeres han sido liberadas del centro de reclusión Las Crisálidas. El grupo se completa con tres adolescentes detenidos en retenes policiales del estado Vargas, próximo a Caracas.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha reconocido en un comunicado el impacto humano positivo de la medida, pero ha advertido de que resulta “claramente insuficiente” frente a las 1.085 personas privadas de libertad por motivos políticos que figuran en sus registros. La organización ha subrayado que “la liberación parcial de personas detenidas arbitrariamente no corrige la ilegalidad de fondo” y ha denunciado el carácter “selectivo y discrecional” de las excarcelaciones como prueba de que la prisión ha sido utilizada como herramienta de persecución política.
Lejos de marcar un giro hacia la distensión, la liberación de estos presos se produce en un contexto de creciente endurecimiento del control estatal. El asedio de Washington ha servido al Gobierno de Maduro para reforzar la radicalización de la revolución bolivariana, con nuevas leyes punitivas, un aumento de las detenciones en circunstancias poco claras y un mayor nivel de censura en los medios de comunicación.
En las últimas semanas, los cuerpos de seguridad han intensificado las actuaciones contra la disidencia política y social. Han sido detenidas figuras como el politólogo Nicmer Evans; los dirigentes sindicales José Elías Torres y William Lizardo; y el activista Melquíades Pulido, militante de Vente Venezuela. El caso que mayor conmoción pública ha generado ha sido el del adolescente Gabriel Rodríguez, condenado a 10 años de prisión por “terrorismo” por su participación en las protestas de agosto de 2024.
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente algo más de 800 presos políticos. Justicia, Encuentro y Perdón ha reiterado finalmente su llamado a una amnistía general, destacando que, aunque cada excarcelación supone un alivio para las familias —especialmente en fechas como la Navidad—, la libertad no puede ser concedida como un acto discrecional del poder. “Debe ser restituida como un derecho a todas las personas arrestadas de forma arbitraria”, ha subrayado la organización. @mundiario