La Junta de Paz de Trump para Gaza: entre un plan en plena construcción y el rechazo total de Israel
La propuesta de Donald Trump de crear una “Junta de Paz” destinada a administrar la Franja de Gaza supone un momento de alta vulnerabilidad en la diplomacia internacional para abordar este delicado y enquistado conflicto.
El envío de invitaciones a 60 países para integrar este nuevo organismo no solo apunta a gestionar el “día después” en Gaza, sino que revela la ambición de Washington de construir una estructura alternativa a la ONU, con capacidad de intervención en otros escenarios globales. La reacción inmediata de Israel, especialmente por la inclusión de Turquía y Qatar, expone las profundas divergencias sobre cómo debe estabilizarse el enclave palestino.
El núcleo del plan impulsado por Trump es la Junta de Paz, presidida por el propio mandatario estadounidense y concebida como un foro de líderes internacionales con un rol político y simbólico. Las cartas de invitación enviadas a jefes de Estado como Abdel Fatah al Sisi (Egipto), Recep Tayyip Erdogan (Turquía), Javier Milei (Argentina) y dirigentes de Canadá e Italia muestran la voluntad de dotar al organismo de legitimidad global desde su nacimiento.
Desde Washington se presenta la Junta como un instrumento flexible, capaz de actuar allí donde los mecanismos multilaterales tradicionales han quedado bloqueados. No se trata únicamente de Gaza: el diseño sugiere un modelo exportable a conflictos como Ucrania o Venezuela, bajo liderazgo directo de Estados Unidos.
La arquitectura técnica de la nueva Gaza
Más allá del plano político, el proyecto se sostiene sobre tres pilares operativos claramente definidos. En la cúspide se sitúa la Junta de Paz. Por debajo, un consejo ejecutivo internacional con funciones de supervisión y asesoramiento estratégico. Y, en el terreno, un Gobierno tecnócrata palestino, denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), encargado de la gestión cotidiana.
El puesto clave es el de “Alto Representante para Gaza”, asignado al ex enviado de la ONU para Oriente Próximo, Nickolay Mladenov. Su función es actuar como enlace entre los órganos internacionales y la administración local palestina, liderada por Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Nacional Palestina. El discurso oficial insiste en una reconstrucción que combine infraestructura, servicios básicos y reactivación económica, en un territorio devastado tras años de bloqueo y guerra.
El consejo ejecutivo concentra el verdadero poder operativo del plan. En él figuran nombres centrales de la Administración Trump, como Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner, junto a actores financieros y diplomáticos de peso como el exprimer ministro británico Tony Blair, Ajay Banga (Banco Mundial) y el inversor Marc Rowan, un ejecutivo cercano a los negocios de la familia Trump. A este núcleo se suman representantes de países mediadores en el alto el fuego: Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Qatar.
Precisamente esta composición es la que ha detonado el conflicto con Israel. Para Tel Aviv, la presencia de Ankara y Doha, países con vínculos políticos con Hamás, supone una línea roja en la gestión del “día después”. Sin embargo, para Washington estos actores son indispensables por su capacidad de interlocución regional y su peso financiero en la reconstrucción.
El rechazo israelí y la ruptura del consenso
La reacción del primer ministro Benjamín Netanyahu fue sobria y pública. Israel denunció que la configuración del consejo ejecutivo no fue coordinada y contradice su política de seguridad. El malestar no es solo institucional: refleja el temor a que Gaza quede bajo una tutela internacional donde Israel carezca de influencia directa.
Desde la Casa Blanca, la respuesta fue contundente. Fuentes de la Casa Blanca subrayaron a las agencias internacionales de que el plan es un proyecto autónomo de EE UU, y que Israel no tendrá poder de veto sobre su desarrollo. El mensaje a Netanyahu fue claro: concentrarse en la amenaza iraní mientras Washington asume el control del expediente gazatí.
El esquema se completa con una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), bajo mando estadounidense, destinada a garantizar la entrada segura de ayuda humanitaria y materiales de reconstrucción. Su despliegue plantea interrogantes clave: qué países aportarán tropas, bajo qué mandato y con qué nivel de aceptación por parte de Israel y de la población local.
En la práctica, la combinación de un gobierno tecnócrata palestino, dos órganos internacionales y una fuerza de seguridad multinacional configura un modelo de administración tutelada, pensado para evitar tanto el retorno de Hamás como una ocupación directa israelí.
La Junta de Paz de Trump introduce una reconfiguración profunda del equilibrio diplomático en Gaza. Para sus defensores, ofrece una salida pragmática tras el colapso de las fórmulas anteriores. Para sus críticos, concentra demasiado poder en Washington y normaliza la exclusión de Israel y de los palestinos en decisiones clave sobre su entorno inmediato.
Más allá de las posiciones, el plan ya ha generado un hecho político consumado: la apertura de un nuevo marco internacional para Gaza que, por primera vez en décadas, avanza sin consenso pleno entre Estados Unidos e Israel. @mundiario