Hungría y su ruptura con el TPI: ¿una decisión política o un cambio de principios?
El Parlamento húngaro ha aprobado, con 134 votos a favor frente a 37 en contra, el inicio formal del proceso de retirada del país del Tribunal Penal Internacional (TPI), lo que convierte a Hungría en el primer Estado miembro de la Unión Europea que opta por abandonar esta institución. Aunque otros países como Burundi y Filipinas ya han tomado esta medida en el pasado, el caso húngaro reviste una relevancia especial por tratarse de una democracia europea firmante del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.
La iniciativa fue anunciada públicamente el 4 de abril por el primer ministro Viktor Orbán, quien afirmó que el Tribunal Penal Internacional (TPI) se había desviado de sus propósitos originales y se había convertido en un “órgano político”. Esta decisión coincidió con la visita oficial del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Budapest, lo que no pasó desapercibido, ya que Netanyahu enfrenta una orden de arresto emitida por la Corte por presuntos crímenes de guerra cometidos durante la ofensiva militar israelí en Gaza.
El momento elegido y la retórica oficial han sido interpretados por muchos como una muestra de solidaridad política con Netanyahu y una crítica directa al papel del tribunal en conflictos en curso. Desde el gobierno húngaro se argumenta que la TPI, al intervenir en escenarios abiertos como el de Ucrania o Gaza, entorpece procesos de paz en lugar de fomentarlos.
Aunque el abandono de la institución no es inmediato —el proceso se completa un año después de notificar formalmente a la ONU—, el gesto representa una declaración de principios significativa. Hungría, que firmó el Estatuto de Roma en 1999 y lo ratificó en 2001, se aleja así de un sistema jurídico internacional creado para perseguir crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
Esta decisión no solo debilita el prestigio y la universalidad del TPI, sino que también plantea un dilema interno en la Unión Europea, donde el respeto al derecho internacional es uno de los pilares comunes. La Presidencia de la Asamblea de Estados Partes de la Corte ya expresó su preocupación por la decisión húngara.
Tampoco es la primera vez que Hungría adopta una postura distante frente al tribunal de La Haya. En 2023, tras la emisión de una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin por la deportación forzosa de menores ucranianos, Hungría se negó abiertamente a ejecutar la orden si el mandatario ruso visitaba su territorio. Esta negativa contravenía el compromiso asumido por todos los Estados parte del Estatuto de Roma, que exige cooperar con las decisiones del tribunal.
Episodios como este muestran que el distanciamiento de Hungría no es repentino, sino parte de una tendencia más amplia de cuestionamiento al multilateralismo judicial, especialmente cuando las decisiones del tribunal afectan a líderes cercanos a la órbita geopolítica húngara.
¿Motivación política o principio jurídico?
La retirada húngara de la CPI ha sido descrita por el primer ministro israelí como una “decisión valiente y de principios”. Sin embargo, la mayoría de los analistas coinciden en que la medida responde más a una estrategia política que a un desacuerdo de fondo con el derecho penal internacional. El Gobierno de Orbán ha mostrado en otras ocasiones su inclinación por fortalecer la soberanía nacional frente a instituciones supranacionales, como la Unión Europea o el Consejo de Europa, especialmente cuando estas cuestionan sus políticas internas.
La narrativa del “tribunal politizado” también se alinea con otros líderes que han buscado desacreditar organismos internacionales cuando sus decisiones afectan a aliados estratégicos o propios intereses nacionales.
La salida de Hungría de la institución marca un hito preocupante para el sistema de justicia internacional. Aunque legalmente está dentro de sus facultades, la decisión pone en entredicho el compromiso del país con la rendición de cuentas global ante los crímenes más graves.
Más allá de sus implicaciones inmediatas, este paso refleja una tendencia más amplia de desafección hacia las instituciones multilaterales, en un contexto de creciente polarización política y disputas sobre soberanía. La comunidad internacional —y especialmente la Unión Europea— deberá valorar cómo responder ante este tipo de movimientos sin renunciar a los principios que dieron origen a la arquitectura jurídica internacional actual. @mundiario