Gloria Oqueli, nueva magistrada de la Corte Centroamericana de Justicia
Gloria Guadalupe Oquelí ha sido juramentada en Tegucigalpa, capital de la República de Honduras, como nueva magistrada de la Corte Centroamericana de Justicia. Este nombramiento representa un nuevo hito en la brillante y extensa trayectoria de esta reconocida abogada hondureña, quien anteriormente ha ocupado, entre otros cargos de relevancia internacional, la Presidencia del Parlamento Centroamericano y la Presidencia de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.
A lo largo de su carrera pública, Gloria Guadalupe Oquelí ha defendido de manera firme la integración de Centroamérica y ha abogado por fortalecer la proyección internacional de la región. En este contexto destacan sus encuentros con Su Majestad el Rey Felipe VI, en el marco de las Cumbres Iberoamericanas, así como con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en los que ha reiterado la necesidad de profundizar las relaciones entre España y Centroamérica en todos los ámbitos.
La Corte Centroamericana de Justicia fue creada en 1908, convirtiéndose en el primer tribunal internacional con sede en la ciudad costarricense de Cartago. Su labor se extendió hasta 1918, cuando expiró el plazo de diez años establecido por su tratado constitutivo, sin que este fuera renovado por los estados signatarios. Durante esa década, el tribunal promovió activamente la paz y la cooperación regional entre los países centroamericanos.
Con este antecedente histórico, en 1992 —tras la firma de su estatuto en Ciudad de Panamá por los estados de la región integrados en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)— comenzó a operar nuevamente con sede en Managua, Nicaragua, en virtud del acuerdo alcanzado por los presidentes centroamericanos en el marco del Protocolo de Tegucigalpa y los Acuerdos de Paz de Esquipulas. En la actualidad, la Corte Centroamericana de Justicia es la instancia judicial del SICA, que agrupa a Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Belice, Costa Rica y República Dominicana.
El magistrado salvadoreño César Ernesto Salazar Grande, jurista de reconocido prestigio internacional, es el actual presidente de la Corte. En su trayectoria ha mantenido encuentros oficiales en Europa con el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el presidente de la Corte Internacional de Justicia y el presidente del Tribunal Constitucional español. En dichas reuniones se ha promovido la colaboración de la Corte Centroamericana de Justicia con otros tribunales homólogos, tanto internacionales como nacionales. La sede del tribunal en Managua cuenta con una Secretaría General que proporciona el apoyo técnico y logístico necesario para el adecuado funcionamiento de sus magistrados.
Asimismo, la Corte ha mantenido amplias relaciones de cooperación judicial mediante acuerdos y convenios con el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial de España, en el marco de diversos programas de colaboración. Esta cooperación ha resultado especialmente fructífera en el ámbito de la Cumbre Judicial Iberoamericana. También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, mantiene vínculos estrechos con la Corte Centroamericana en áreas como la formación de funcionarios, el intercambio de experiencias y la cooperación judicial. La Unión Europea reconoce desde hace tiempo que la creación y actuación jurisdiccional de la Corte Centroamericana de Justicia constituye un pilar fundamental para la estabilidad y la paz en la región.
Las sentencias y pronunciamientos de este tribunal regional han protegido la institucionalidad regional, fomentado la resolución pacífica de diferencias y defendido los derechos de colectivos vulnerables, como las mujeres y las minorías étnicas. En este sentido, el compromiso con la igualdad de género y los derechos de la mujer promovido por la Corte ha servido de referencia para numerosos tribunales nacionales en América Latina.
La integración política, judicial, administrativa, económica y comercial de Centroamérica depende en gran medida de la capacidad de articular un Derecho Comunitario común y de establecer mecanismos eficaces de resolución de controversias. En este marco, la Corte Centroamericana de Justicia es una pieza clave. El SICA vería seriamente afectado su funcionamiento en ausencia de un mecanismo regional mutuamente aceptado para la resolución de diferencias y litigios entre los Estados y organismos centroamericanos. Esta función adquiere aún mayor relevancia ante los nuevos desafíos y retos que enfrenta la integración regional en el siglo XXI. @mundiario