La generación Z despierta: el hartazgo y la crisis institucional encienden las calles del Perú
Miles de jóvenes, en su mayoría de la Generación Z, salieron este miércoles a exigir el fin de la corrupción, el cierre del Congreso y una respuesta efectiva frente a la ola de violencia e inseguridad que golpea al Perú. El resultado fue una jornada marcada por los enfrentamientos, un muerto, más de un centenar de heridos y el estreno turbulento del presidente interino José Jerí, apenas días después de la destitución de Dina Boluarte.
La crisis institucional no ha dado tregua desde la salida de Boluarte, censurada por el Congreso tras meses de cuestionamientos y una desaprobación récord del 95 %. La llegada de Jerí —extitular del Parlamento y figura polémica por denuncias pasadas de corrupción y presunto abuso sexual— no ha calmado el malestar ciudadano. Por el contrario, su designación ha sido el detonante de una movilización nacional sin precedentes desde 2020, cuando la destitución de Manuel Merino encendió las calles y dejó un saldo trágico.
Los jóvenes, muchos de ellos menores de 30 años, se han convertido en el nuevo rostro de la indignación peruana. Con símbolos culturales como la calavera sonriente del anime One Piece, los colectivos universitarios, feministas, artísticos y estudiantiles han tejido una red de protesta que trasciende ideologías y partidos.
Las movilizaciones comenzaron de forma creativa, con batucadas, representaciones teatrales y flores como símbolo de paz.
La mecha que encendió Lima
Sin embargo, la jornada se tornó violenta al caer la noche. Un grupo reducido atacó a agentes y buses del transporte público, lo que desató una respuesta policial masiva en el centro de Lima. Las fuerzas del orden cerraron las calles adyacentes a la avenida Abancay —frente al Congreso—, atrapando a los manifestantes y agravando los enfrentamientos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció que la estrategia policial de “cerrar los accesos y usar gases lacrimógenos agrava el riesgo y pone en peligro la integridad y la vida de la gente”, al impedir rutas de escape mientras se lanzaban gases lacrimógenos.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, los disturbios dejaron un saldo de 149 heridos, entre policías, civiles y periodistas, además de un fallecido identificado como Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años. “Lamento profundamente su muerte”, publicó el presidente Jerí en X (antes Twitter), quien aseguró que la marcha fue “infiltrada por delincuentes”.
El nuevo mandatario enfrenta su primer desafío de gobernabilidad en un contexto explosivo: una economía estancada, una ola de criminalidad que azota a las principales ciudades y un Congreso con mínima legitimidad. La designación de Ernesto Álvarez como primer ministro —quien llegó a comparar a los jóvenes manifestantes con “terroristas”— ha terminado por profundizar la desconfianza.
Los reclamos de los manifestantes se centran en tres exigencias públicas: la renuncia de Jerí, el cierre del Congreso y la convocatoria de elecciones generales inmediatas. Pero también expresan un cansancio más profundo: el de un país que en menos de 10 años ha tenido siete presidentes, donde la corrupción se ha vuelto estructural y la distancia entre la ciudadanía y las élites políticas parece insalvable.
Redes sociales, organización y resistencia
A diferencia de las protestas de décadas anteriores, las de ahora son plenamente digitales. Instagram, TikTok y Telegram han servido para coordinar puntos de encuentro, difundir medidas de seguridad —como el uso de mascarillas antigás y pañuelos con vinagre— y denunciar abusos policiales en tiempo real.
La organización virtual ha permitido que las marchas se extiendan a todo el país. En Arequipa, Trujillo, Huancavelica, Cusco y Puno, miles de jóvenes y trabajadores se sumaron bajo la consigna “Este Gobierno no me representa”. En Chiclayo, una bandera gigante del Perú recorrió el centro de la ciudad en manos de profesores y estudiantes.
De Boluarte a Jerí: continuidad del descrédito
La caída de Boluarte fue vista inicialmente como una oportunidad para reencauzar la crisis. Sin embargo, su destitución y la rápida asunción de Jerí son percibidas como un relevo dentro del mismo sistema que la sostuvo. Los partidos conservadores que apoyaron a Boluarte en el Congreso son los mismos que hoy respaldan al presidente interino.
La falta de legitimidad política se suma a la sensación de inseguridad generalizada. El aumento del sicariato, las extorsiones y los asesinatos vinculados al crimen organizado han convertido la demanda de seguridad en un grito transversal.
José Jerí, que debe permanecer en el poder hasta julio de 2026, enfrenta un escenario de debilidad estructural. Sin base social, con un Congreso cuestionado y bajo sospechas judiciales, su margen de maniobra es mínimo.
En un país donde cada cambio de presidente despierta más incertidumbre que esperanza, el estallido de la Generación Z peruana representa algo más que una ola de indignación: es el síntoma de un relevo generacional dispuesto a desafiar el ciclo de corrupción, impunidad y violencia política que ha marcado las últimas décadas. @mundiario