Francia eleva el nivel de alerta ante el avance del narcotráfico y un asesinato que desafía al Estado

La conmoción generada por el asesinato de Mehdi Kessaci (de 20 años), hermano del activista y joven político Amine Kessaci (22), ha reconfigurado el debate sobre seguridad en Francia. El crimen, perpetrado en pleno centro de Marsella, no es un episodio más en el historial violento del narcotráfico; para el Gobierno francés representa un salto cualitativo en la capacidad de intimidación de las redes criminales.

La respuesta oficial ha sido inmediata: el Ministerio del Interior propone aplicar un dispositivo comparable al utilizado contra el terrorismo, un mensaje que subraya la gravedad de la situación.

El caso adquiere mayor relevancia por la trayectoria del propio Amine Kessaci, fundador de la asociación Conscience y figura emergente en la lucha contra las mafias locales. Las autoridades habían detectado amenazas contra el descendiente de argelinos desde mediados del año pasado.

Ante la imposibilidad de alcanzarlo debido a su escolta policial, los criminales habrían optado por atacar a su hermano, un gesto que el Gobierno considera un intento deliberado de desafiar al Estado. La tragedia, además, revive el recuerdo del cruel asesinato de su otro hermano, Brahim, en 2020.

Marsella, escenario recurrente de violencia vinculada al tráfico de drogas, vuelve así al primer plano. La ciudad ya acumula una quincena de muertes relacionadas con estos delitos en lo que va de año, mientras que, a escala nacional, las cifras apuntan a un fenómeno consolidado: en 2024 se registraron más de 450 víctimas entre muertos y heridos, y las incautaciones de cocaína en 2025 superan ampliamente los récords previos.

El Observatorio Francés de Drogas estima que unas 200.000 personas viven directa o indirectamente del narcotráfico, que mueve miles de millones de euros cada año.

La respuesta institucional incluye la entrada en vigor, el 1 de enero, de una ambiciosa ley inspirada en el modelo italiano contra la mafia. El texto contempla una fiscalía especializada, nuevas prisiones de alta seguridad y un importante endurecimiento penal. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha anunciado que viajará mensualmente a Marsella para supervisar la implantación de las medidas, mientras que el primer ministro, Sébastien Lecornu, anticipa un debate parlamentario para ampliar el alcance del plan.

El presidente Emmanuel Macron ha instado a “amplificar” la lucha contra las redes de droga y ha redoblado el enfoque dual: acción local —centrada en barrios donde el narco se ha vuelto estructural— y cooperación internacional, especialmente con América Latina, una región clave para el flujo de cocaína hacia Europa.

La reciente gira del ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, apunta precisamente en esa dirección. Francia apuesta por reforzar la inteligencia conjunta, promover una academia regional de formación y llevar a Bruselas una propuesta para sanciones europeas transversales contra el crimen organizado.

El asesinato de Mehdi Kessaci también ha reactivado la presión política interna. La oposición de ultraderecha acusa al Ejecutivo de actuar tarde y pide medidas excepcionales, incluyendo la activación del estado de emergencia en Marsella. El Gobierno, por su parte, sostiene que la nueva arquitectura institucional, junto con un refuerzo policial y judicial, permitirá abordar el fenómeno con mayor eficacia.

Mientras tanto, la sociedad francesa observa cómo el narcotráfico se ha convertido en un problema estructural, arraigado tanto en periferias urbanas deterioradas como en circuitos de consumo de las grandes ciudades. Macron ha señalado incluso a los “burgueses del centro” como financiadores indirectos del sistema, un recordatorio de que la demanda doméstica sigue siendo el motor del negocio.

El desafío para Francia consiste ahora en equilibrar una respuesta contundente con una estrategia de largo plazo que abarque prevención, disuasión y cooperación internacional. La manera en que el país gestione este punto de inflexión definirá su capacidad para contener una amenaza que, según el propio Gobierno, se aproxima cada vez más a la lógica del terrorismo. @mundiario