Estados Unidos envía 10 aviones de combate F-35 a Puerto Rico en plena crisis con Venezuela
El Gobierno de Estados Unidos ha enviado 10 aviones de combate F-35 a Puerto Rico, supuestamente para reforzar su ofensiva contra los cárteles de la droga en el Caribe. La narrativa oficial insiste en que se trata de una operación de seguridad regional, pero los hechos invitan a dudar. Los F-35 son aeronaves de quinta generación diseñadas para escenarios de guerra convencional, no para interceptar lanchas rápidas de narcotraficantes.
Este desfase entre discurso y medios empleados no es anecdótico. Washington lleva décadas utilizando el argumento de la lucha antidrogas para justificar una creciente presencia militar en América Latina. Desde el “Plan Colombia” hasta la militarización de la frontera con México, la receta ha sido la misma: más tropas, más armas, más tensión. Sin embargo, la droga sigue llegando a suelo estadounidense.
Venezuela en el punto de mira
El despliegue no puede analizarse sin mirar hacia Caracas. En las últimas semanas, el presidente Donald Trump y sus funcionarios han intensificado las acusaciones contra Nicolás Maduro, al que califican de “narcoterrorista” y “fugitivo de la justicia”. Al mismo tiempo, buques de guerra y submarinos nucleares de EE UU. han incrementado su actividad en aguas cercanas a Venezuela, mientras se realizan operaciones anfibias desde Puerto Rico.
El ataque reciente contra una embarcación que Washington vinculó con el Tren de Aragua, donde murieron once personas, agrava aún más el clima de confrontación. Amnistía Internacional ya ha exigido explicaciones claras sobre la legalidad de esa operación. En este contexto, hablar de “misiones antidroga” resulta poco convincente. Todo apunta a que se trata de un mensaje directo al Gobierno venezolano: si no se somete a las presiones políticas y económicas, la amenaza militar seguirá sobre la mesa.
Puerto Rico, la pieza olvidada del tablero
Lo que a menudo pasa desapercibido es el papel de Puerto Rico en esta dinámica. Como territorio no incorporado, la isla no tiene voz plena en el Congreso de EE UU, pero sí carga con las consecuencias de sus decisiones militares. El despliegue de aviones F-35 y las maniobras de la Marina no solo convierten al archipiélago en una base estratégica frente a Venezuela, también exponen a su población a riesgos geopolíticos que no ha elegido.
La Guardia Nacional de Puerto Rico ha pedido calma y ha instado a la ciudadanía a no caer en la especulación. Sin embargo, el malestar es evidente. La historia de la isla está marcada por décadas de ensayos militares y contaminación en Vieques, un recordatorio de cómo los intereses de Washington pueden pasar por encima de los derechos y la seguridad de los puertorriqueños.
Si realmente se trata de combatir el narcotráfico, las soluciones no vendrán de aviones furtivos ni de submarinos nucleares, sino de políticas públicas que ataquen la raíz del problema: el consumo masivo en EE UU, la corrupción que permite el tráfico y la falta de alternativas económicas en los países productores. Mientras tanto, seguir reforzando la lógica militar no hará más que aumentar la desconfianza regional y alimentar el fantasma de una intervención. @mundiario