Los estados republicanos proponen recompensas de mil dólares por denunciar a indocumentados

Operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. / (ICE)
La proposición de proyectos de ley en Misuri y Misisipi genera polémica por fomentar la discriminación y reavivar tensiones raciales para cumplir las políticas migratorias de Trump.

Legisladores republicanos en Misuri y Misisipi han presentado propuestas de ley que ofrecen recompensas de 1.000 dólares a quienes denuncien a migrantes indocumentados, una iniciativa que ha sido catalogada por críticos como xenófoba y racista. Aunque el proyecto en Misisipi fue bloqueado, el debate en Misuri sigue activo, aumentando las preocupaciones sobre posibles perfiles raciales y actos discriminatorios en la aplicación de las políticas del presidente estadounidense Donald Trump.

El proyecto de ley SB72, presentado por el senador republicano David Gregory, establece que cualquier ciudadano que proporcione información que lleve a la detención de un migrante indocumentado recibirá una recompensa de 1.000 dólares. Además, la propuesta contempla la creación de un programa de cazarrecompensas, una figura que permitiría a civiles capacitados detener migrantes de manera similar a las acciones del ICE estatal.

El senador Gregory argumenta que esta medida fortalecería la seguridad pública. Sin embargo, durante el debate legislativo del pasado 27 de enero, surgieron fuertes críticas. Grupos de derechos civiles y senadores demócratas advirtieron que el proyecto podría fomentar denuncias basadas en el color de la piel, el acento de las personas y el uso de otros idiomas.

“No me digan que no va a suceder porque está sucediendo ahora”, denunció la senadora estatal Barbara Washington, de Kansas City.

En Misisipi, el representante republicano Justin Keen presentó un proyecto similar que buscaba replicar la figura del cazarrecompensas y recompensar a quienes informaran sobre la presencia de migrantes indocumentados. Keen justificó la iniciativa asegurando que buscaba "mantener seguras a las comunidades" tras el cruel asesinato de la estudiante Laken Riley cometido por un migrante.

"Hemos visto de primera mano el peligro que representan los actores malintencionados y los criminales violentos que ingresan a este país de manera ilegal, como la vida inocente de Laken Riley," agregó. "La administración del presidente Trump ha dejado claro que deportar a los inmigrantes ilegales es una prioridad, y estamos orgullosos de hacer nuestra parte aquí en Misisipi para ayudar a apoyar su agenda y proteger a nuestros ciudadanos."

La financiación para el programa propuesto provendría de la asamblea general y sería administrada por el tesorero del estado.

La intención, dijo Keen, es fomentar la colaboración entre las fuerzas del orden y los ciudadanos privados para identificar a los inmigrantes ilegales en el estado, según recoge Fox News. También aliviaría las cargas financieras sobre los contribuyentes de Misisipi, quienes asumen los costos de la inmigración ilegal, según un comunicado de prensa.

Sin embargo, el proyecto fue frenado en el comité legislativo, enfrentando un rechazo generalizado.

Estas propuestas surgen en el contexto de una amplia campaña antiinmigrante iniciada por el presidente Trump, cuyo Gobierno lleva a cabo operaciones como las masivas redadas de 2019 en Misisipi, donde agentes del ICE arrestaron a casi 700 personas en plantas procesadoras de pollo.

A pesar de los esfuerzos de la Administración de Joe Biden para controlar la migración irregular, la retórica de mano dura contra los migrantes sigue contando con un fuerte respaldo.

Una encuesta de The New York Times e Ipsos reveló que el 55% de los votantes apoya medidas de deportación masiva. Además, el 88% respalda la expulsión de migrantes con antecedentes penales.

Aunque el destino del proyecto de ley en Misuri es incierto, su sola presentación refuerza una narrativa antiinmigrante que podría seguir influyendo en legislaciones estatales. Organismos de derechos humanos y representantes demócratas instan a que estas propuestas sean desechadas para evitar la criminalización de comunidades vulnerables y la erosión de la convivencia social.@mundiario