La CPI rechaza la apelación de Venezuela contra la investigación sobre crímenes de lesa humanidad

Corte Penal Internacional. / RR SS.
Corte Penal Internacional. / RR SS.
La Cancillería venezolana ha rechazado la decisión de la CPI, calificándola de "infundada". 
La CPI rechaza la apelación de Venezuela contra la investigación sobre crímenes de lesa humanidad

La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una decisión unánime desestimando la impugnación presentada por el Gobierno de Venezuela el año pasado, en un intento por detener el proceso de investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última década bajo la administración de Nicolás Maduro. Esta investigación, iniciada el 3 de noviembre de 2021, continúa tras haber sido impulsada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú en 2018.

La Cancillería venezolana ha rechazado la decisión de la CPI, calificándola de infundada, mientras que los abogados del Gobierno, al introducir una apelación el año pasado, permitieron la presentación de testimonios de más de 8.000 víctimas y las observaciones de un panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos durante una audiencia celebrada en noviembre.

La sentencia llega en un momento crítico para el chavismo, ya que el país vuelve a estar en la mira internacional debido a un recrudecimiento de la persecución política y la represión, especialmente en el año de las elecciones presidenciales. Dos incidentes recientes han generado preocupación: la detención de la activista Rocío San Miguel, con acusaciones de conspiración y terrorismo, y la expulsión de los miembros de la oficina técnica del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU por expresar su preocupación por el caso de San Miguel.

El Gobierno ha afirmado que el sistema de justicia venezolano investiga y condena los delitos, pero la CPI ha destacado que no aborda los crímenes de lesa humanidad ni la responsabilidad de los altos cargos en su comisión.

Denuncias por impunidad

Mientras tanto, defensores de derechos humanos han denunciado la impunidad que rodea muchos casos relacionados con detenciones, torturas de presos políticos y violencia durante protestas. El panel de expertos de la OEA ha instado al fiscal de la CPI, Karim Khan, a incluir los crímenes más recientes en su investigación.

En un contexto de creciente represión, un informe reciente del Centro para los Defensores y la Justicia de Venezuela ha documentado un aumento de agresiones contra ONG, con 97 ataques registrados en enero y 524 en todo el año 2023. Además, la Asamblea Nacional pretende aprobar una legislación para la fiscalización de organizaciones sociales, con multas de hasta 12.000 dólares por no declarar la identidad y procedencia de las donaciones. @mundiario

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