Bajo amenaza de desacato, los Clinton aceptan testificar en la investigación de Epstein

Bill y Hillary Clinton, expresidente y la exsecretaria de Estado de EE UU. / @BillClinton
Bill y Hillary Clinton acceden a declarar ante la Cámara de Representantes sobre sus conexiones con el financiero, en un giro que evita el escenario inédito de que un expresidente de EE UU sea sometido a un voto por desacato al Congreso en el marco del caso Epstein.

La investigación parlamentaria sobre Jeffrey Epstein suma un nuevo capítulo de alto voltaje político. El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton aceptaron testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE UU justo antes de que avanzara una votación para declararles en desacato al Congreso por no atender las citaciones emitidas meses atrás.

El movimiento, confirmado a última hora del lunes por sus abogados, introduce un cambio sustancial en una investigación marcada por la confrontación partidista y por la presión pública para esclarecer responsabilidades en torno a la red delictiva del financiero fallecido en 2019.

La aceptación no implica, sin embargo, el cierre automático del conflicto. El presidente del comité, el republicano James Comer, dejó claro que no retiraba de inmediato los cargos por desacato y que cualquier acuerdo dependerá del contenido y alcance de los testimonios. La votación fue aplazada mientras continúan las negociaciones, pero la amenaza sigue latente.

El Comité de Supervisión abrió la investigación en agosto con el objetivo de examinar la actuación de las autoridades federales y las conexiones de Epstein con figuras influyentes, así como los retrasos en la publicación de los archivos del Departamento de Justicia. En ese marco, se citó a declarar a los Clinton debido a la relación documentada de Bill Clinton con Epstein a finales de los años noventa y comienzos de los dos mil, una relación por la que no ha sido acusado de delito alguno.

La importancia del caso trasciende a los Clinton. El Congreso busca determinar si hubo fallos institucionales, encubrimientos o trato de favor a personas poderosas, además de aclarar por qué aún no se han divulgado todos los documentos oficiales relacionados con Epstein. Que un expresidente y una exsecretaria de Estado comparezcan bajo juramento otorga al proceso un peso político e institucional poco frecuente.

El desacato como instrumento de presión

El desacato al Congreso es una de las herramientas más severas de la Cámara. De prosperar, podría conllevar multas significativas e incluso penas de prisión si el Departamento de Justicia decidiera procesar el caso. Históricamente, el Congreso ha evitado aplicar esta figura contra expresidentes; ninguno ha sido obligado a testificar bajo estas condiciones, aunque algunos lo hicieron voluntariamente.

En este contexto, la amenaza de desacato funcionó como palanca negociadora. Tras meses cuestionando la validez de las citaciones, los Clinton accedieron a declarar cuando el comité, controlado por los republicanos, avanzó formalmente los cargos. El hecho de que nueve demócratas del comité apoyaran el desacato contra Bill Clinton —y tres contra Hillary— refleja hasta qué punto la presión por transparencia en el caso Epstein ha fracturado líneas partidistas tradicionales.

Desde el punto de vista sustantivo, los testimonios podrían aportar tres elementos clave a la investigación: contexto temporal y relacional, para aclarar la naturaleza, alcance y final de la relación de Bill Clinton con Epstein, así como el grado de conocimiento que pudo existir sobre sus actividades delictivas antes de que fueran públicas; información institucional, para evaluar si, durante etapas de gobierno demócrata o republicano, hubo decisiones políticas o administrativas que influyeran en la gestión de los casos contra Epstein.

Y contraste de versiones, para confrontar los testimonios con los archivos ya publicados y con los que aún no han sido divulgados por el Departamento de Justicia.

Hillary Clinton, cuya vinculación con Epstein ha sido cuestionada por los demócratas del comité, podría aportar una perspectiva distinta: su papel institucional y su conocimiento —o ausencia de él— sobre las relaciones de su entorno con el financiero.

Los Clinton han acusado a Comer de politizar la investigación y de desviar la atención de los retrasos del Gobierno de Donald Trump en la publicación de los archivos del caso. Los republicanos, por su parte, sostienen que la comparecencia bajo juramento es indispensable para la credibilidad del proceso y que las figuras públicas no pueden fijar las condiciones de las citaciones.

La aceptación de los Clinton para testificar no resuelve el fondo del caso, pero sí reconfigura el tablero. Aporta la posibilidad de avanzar en el esclarecimiento de hechos relevantes y, al mismo tiempo, deja abierta la incógnita sobre si el Congreso está ante un ejercicio excepcional de supervisión institucional o ante otro episodio de confrontación política en torno a uno de los escándalos más graves de las últimas décadas en Estados Unidos. @mundiario