Cerco y presión: Erdogan eleva el hostigamiento para asfixiar a su oposición en Estambul
La política turca atraviesa uno de sus momentos más tensos de las últimas décadas. La sede del Partido Republicano del Pueblo (CHP) en Estambul amaneció este lunes rodeada por cientos de agentes antidisturbios, sin conexión a internet y con restricciones de acceso, en lo que la oposición denuncia como un intento del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan de debilitar a la fuerza que más ha crecido en los últimos años y que hoy compite en intención de voto con el oficialismo.
La intervención policial buscaba garantizar la toma de posesión de Gürsel Tekin, designado por un tribunal como “interventor” tras anularse el último congreso provincial del CHP y destituirse a su presidente, Özgür Çelik, acusado de presuntas irregularidades en la elección interna. Sin embargo, los socialdemócratas rechazan la legalidad de la medida y sostienen que el proceso responde a una estrategia política: construir una oposición “a la medida” del Ejecutivo.
El despliegue nocturno de camiones hidrantes, autobuses policiales y gases lacrimógenos para dispersar a militantes que intentaban acceder a la sede terminó por encender aún más la tensión. Caceroladas y protestas en barrios opositores acompañaron la jornada, mientras que las autoridades limitaron el acceso a redes sociales y plataformas de mensajería para dificultar la coordinación de los simpatizantes del partido.
El trasfondo es más amplio que una disputa local. Desde marzo, cuando el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, fue detenido en un proceso que desató las mayores protestas en años, más de 200 dirigentes y militantes del CHP han sido encarcelados, incluidos 14 alcaldes. Además, este mes el partido enfrenta una docena de juicios que podrían cuestionar la legitimidad de su congreso nacional y la continuidad de su líder actual, el diputado Özgür Özel, quien busca reinstaurar a Kemal Kılıçdaroğlu, expresidente del CHP, como su reemplazo.
El propio Özel lanzó un duro mensaje contra el Gobierno: “Las sedes del CHP son las casas del pueblo. Llegará un día en que os avergonzaréis de lo que habéis hecho, y no quedará nadie para defenderos”. El dirigente insiste en que la formación no se doblegará ante lo que considera un hostigamiento político con fachada judicial.
Desde el oficialismo, en cambio, el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, defendió la acción policial: “Ignorar las órdenes judiciales e intentar obligar a la gente a salir a la calle es un claro desafío al Estado de derecho. Nadie está por encima de la ley. El Estado tomará medidas firmes contra cualquier intento de ilegalidad”. El contraste entre ambas narrativas profundiza la polarización en un país donde la independencia judicial es uno de los puntos más cuestionados.
La designación del exvicepresidente del CHP, Gürsel Tekin, como interventor tampoco apacigua la situación. Recibido con gritos de “traidor” y protegido por las fuerzas antidisturbios, Tekin sostiene que su función es “resolver problemas” y evitar divisiones. Sin embargo, la actual cúpula republicana lo acusa de servir a los intereses de Erdogan y advierte que no reconocerá ninguna autoridad impuesta desde los tribunales.
Los analistas locales advierten de que esta pugna podría derivar en una fractura interna dentro del CHP, justo cuando las encuestas lo sitúan por delante del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) en la intención de voto nacional. Esa posibilidad amenaza con neutralizar el ascenso socialdemócrata tras su victoria en las elecciones municipales de 2023.
El mensaje desde la cárcel de Imamoglu, una de las figuras más populares de la oposición, buscó capitalizar la indignación: “Pongan fin a estas ilegalidades de inmediato. Dejen de ahogar las esperanzas del pueblo, de empobrecerlo aún más y de hundir al país cada día en el caos”. Sus palabras conectan con el sentimiento de amplios sectores urbanos, pero también refuerzan la percepción de que el CHP es hoy el mayor desafío al poder de Erdogan.
En este contexto, el cerco policial en Estambul se convierte en algo más que un episodio de represión puntual: es un síntoma de la fragilidad institucional turca y de la creciente confrontación entre un Gobierno que endurece su control y una oposición que, pese al acoso, ha logrado convertirse en alternativa real tras más de dos décadas de hegemonía del APK. @mundiario