Caracas acusa a Washington de maniobrar para controlar su petróleo ante la OPEP+
La segunda conferencia ministerial de 2025 de la alianza OPEP+, celebrada bajo el liderazgo de Arabia Saudí y Rusia, se convirtió este domingo en el escenario de una denuncia frontal por parte del Gobierno venezolano. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, en representación de Caracas, acusó a Estados Unidos de impulsar una estrategia “encubierta bajo la bandera del combate al narcotráfico” para justificar maniobras militares en el Caribe con el fin último —según afirmó— de hacerse con las enormes reservas petroleras del país sudamericano.
Rodríguez leyó ante la plenaria una carta firmada por el presidente Nicolás Maduro en la que Caracas asegura que Washington “pretende adueñarse de la mayor reserva de crudo del planeta usando fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones venezolanas”. Un mensaje que buscaba interpelar directamente al secretario general de la organización, Haitham Al Ghais, así como a los gobiernos miembros de la alianza energética.
La delegación venezolana subrayó que un movimiento de este calibre no solo vulneraría —a su juicio— los principios de convivencia internacional, sino que también podría desestabilizar las ya frágiles operaciones de la industria petrolera del país y, por extensión, alterar los equilibrios del mercado global. Caracas pidió abiertamente a la OPEP+ que actúe como muro de contención frente a lo que calificó de “agresión en ciernes”.
El trasfondo de esta disputa es el refuerzo del dispositivo militar estadounidense en el Caribe, encabezado por el portaaviones USS Gerald R. Ford. Washington argumenta que estas operaciones buscan frenar redes de narcotráfico y combatir a organizaciones criminales transnacionales. Sin embargo, para el Gobierno venezolano se trata de una acción con motivaciones políticas y económicas.
La tensión escaló aún más después de que el Departamento de Estado designara al llamado Cartel de los Soles como “grupo terrorista extranjero”, apuntando a una supuesta conexión directa entre altos mandos del Gobierno de Maduro y esa red criminal. Caracas ha rechazado de manera tajante esta acusación, calificándola de “fabricación”.
A este clima de confrontación se ha sumado desde el sábado un nuevo frente: la crisis de conectividad aérea que afecta a Venezuela. Tras recomendar a las aerolíneas extremar la precaución sobre el espacio aéreo venezolano y el sur del Caribe, Washington provocó una respuesta inmediata del Gobierno de Maduro, que revocó las concesiones de operación a varias compañías internacionales, entre ellas Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol.
Con las tensiones militares, diplomáticas y comerciales creciendo simultáneamente, la advertencia de Caracas en la OPEP+ llega en un momento de máxima fragilidad para su economía y para la región. Venezuela insiste en que no se trata solo de un conflicto bilateral, sino de una amenaza que puede afectar al conjunto del mercado energético internacional. Si la denuncia tendrá eco o no dentro de la alianza petrolera, es algo que aún está por verse, pero su mensaje ha conseguido situar el pulso con Washington en el centro del debate internacional. @mundiario