Asesinan a un candidato a congresista en Lima: violencia electoral y señales de alarma en Perú
El asesinato de Gilbert Infante en Lima ha sacudido el escenario político peruano en plena dinámica electoral. Más allá del impacto inmediato, el caso plantea interrogantes sobre la seguridad de los candidatos, la penetración de la violencia en la política y la capacidad del Estado para garantizar procesos electorales sin intimidación.
Infante, candidato al Congreso por el partido regionalista Fe en el Perú, fue atacado la noche del martes en el distrito de Chorrillos tras participar en actividades políticas. Según su entorno, el ataque fue especialmente violento —realizado con objetos contundentes— y culminó con su muerte horas después en el Hospital Casimiro Ulloa.
El elemento más inquietante del caso no es solo la brutalidad del crimen, sino su previsibilidad. Dirigentes del partido, entre ellos el candidato presidencial Álvaro Paz de la Barra, aseguran que Infante había recibido amenazas reiteradas en las semanas previas. Incluso, según estas versiones, existían advertencias explícitas sobre la forma en que iba a morir.
Por ahora, las autoridades no han confirmado detenciones ni líneas de investigación concluyentes, lo que añade incertidumbre a un caso que ya trasciende lo individual.
La Policía Nacional del Perú (PNP) ha calificado el deceso como una “muerte sospechosa” e informó preliminarmente que, por ahora, no han identificado agentes externos definitivos, por lo que se esperan los resultados de la necropsia para confirmar si se trató de un homicidio o un problema de salud.
¿Quién era Gilbert Infante?
La figura de Infante no pertenecía a la primera línea política nacional, pero sí formaba parte activa de un discurso centrado en la seguridad. Integraba equipos técnicos vinculados a propuestas de “mano dura” contra la criminalidad, un tema especialmente sensible en el Perú actual.
Su trayectoria, según registros oficiales, incluía experiencias laborales en el sector privado y una presencia política emergente. También constaba una sentencia antigua en su historial, sin detalles públicos relevantes en el contexto del caso. Este perfil —ni completamente desconocido ni central— refleja una realidad frecuente en procesos electorales fragmentados: candidatos con visibilidad limitada pero expuestos a dinámicas de riesgo.
El crimen ocurre en un contexto de creciente tensión política y social. Perú atraviesa desde hace años una combinación de inestabilidad institucional, crisis de representación y aumento de la criminalidad organizada. En ese escenario, la violencia electoral deja de ser una anomalía para convertirse en una posibilidad latente.
Los líderes de su partido, incluido el candidato Paz de la Barra, denunciaron que Infante fue asesinado a ladrillazos. Según esta versión, el candidato habría recibido amenazas previas de que “iba a sufrir" y el ataque ocurrió tras una actividad proselitista.
Aunque no existe aún evidencia concluyente que vincule la muerte directamente con estructuras criminales o motivaciones políticas específicas, el hecho de que el candidato hubiera denunciado amenazas previas introduce una dimensión preocupante: la intimidación como herramienta de disuasión política.
Este tipo de violencia tiene efectos que van más allá de la víctima directa. Genera autocensura, reduce la participación y altera el equilibrio competitivo en elecciones.
La respuesta política y el vacío institucional
Diversas fuerzas políticas han condenado el asesinato, subrayando el deterioro de la seguridad pública como principal preocupación. Sin embargo, más allá de los comunicados, el caso evidencia limitaciones estructurales: la falta de mecanismos eficaces de protección para candidatos, especialmente aquellos fuera de las principales formaciones.
El hecho de que, según ciertas denuncias, algunos amenazados no acudieran a la policía también refleja un problema de confianza institucional. Cuando los actores políticos no perciben garantías suficientes, el sistema entra en una zona de vulnerabilidad.
En América Latina, la violencia política ha mostrado patrones recurrentes en distintos países, especialmente a nivel local. Perú, tradicionalmente menos expuesto a este fenómeno en comparación con otras naciones de la región, parece estar entrando en una fase distinta, donde la inseguridad general se filtra en la competencia electoral.
A corto plazo, el impacto del asesinato dependerá de la evolución de la investigación. La identificación de responsables —y sus posibles motivaciones— será clave para determinar si se trata de un acto criminal aislado o de un episodio con implicaciones políticas más profundas.@mundiario