La sensibilidad de Rajoy ante la inmigración

El Ayuntamiento de Vic, cuyo alcalde es de CiU, ha tenido que dar marcha atrás y empadronar a los residentes extr
La sensibilidad de Rajoy ante la inmigración

El Ayuntamiento de Vic, cuyo alcalde es de CiU, ha tenido que dar marcha atrás y empadronar a los residentes extranjeros que cumplan la legislación, lo que supone presentar un pasaporte y algún documento que acredite la residencia. El gobierno local que encabeza Josep Maria Vila d’Abadal pretendía dar un trato especial a los sin papeles o negarles la inscripción en el padrón, lo cual no solo es ilegal, sino que choca con otras políticas llevadas a cabo en Vic contra la exclusión social y la formación de ghetos. Dicho de otro modo, en Vic, con más de un 25% de población inmigrante, no se venían haciendo las cosas tan mal como para que pensemos que allí tienen unos gobernantes xenófobos o racistas.

Un diario progresista como El Periódico de Catalunya, nada sospechoso de afinidades a CiU o al PP, salió a la palestra para denunciar que el recurso a un léxico ajeno a la realidad del municipio, incluso a los objetivos de quienes están al frente de él, deformó el fondo del asunto. Pero situadas las cosas en su sitio, y asumiendo que en Cataluña la consigna ha sido siempre la integración de los inmigrantes con una política clara de derechos y deberes compartidos, también procede reconocer que las llamadas al orden del presidente del Gobierno y de su ministro de Interior resultaban obligadas.

Vic ha desatado, de paso, una polémica que ya centra la atención de todo el país; máxime tras el aprovechamiento que hizo de la situación el líder de la Oposición, Mariano Rajoy, al reclamar mayor control y sugerir que los servicios básicos como la atención sanitaria y la escolaridad se desvinculen del empadronamiento. Por eso resulta ahora tan oportuna esa declaración conjunta de las asociaciones progresistas de fiscales y jueces en la que sostienen que con manifiesto populismo y con finalidades políticas –más bien habría que decir electoralistas–, y bajo un falso debate sobre legalidad, algunos sectores conservadores han vuelto a lanzar el mensaje de que existen dos categorías de personas.

Mariano Rajoy, a quien la crisis ya le alfombra suficientemente el camino hacia la Moncloa, ha perdido una magnífica oportunidad para quedarse callado. Si no quiere asumir en público que el interés del Estado en regular los flujos migratorios debe conciliarse con políticas de integración, al menos podría guardar silencio o emplear las energías que derrocha contra los débiles en poner orden entre los poderosos de su propio partido que le mueven el piso cada dos por tres. ¿O acaso tiene algún mérito ser duro con los débiles y condescendiente y dócil con los poderosos?

Por lo demás, siendo gallego como es, Mariano Rajoy está más obligado que nadie a ser más exquisito con la inmigración que ningún otro político español. A veces corremos el riesgo de olvidarnos de nuestra propia historia y del sufrimiento de aquellos millones gallegos emigrantes que eran exactamente iguales que los extranjeros que ahora se quieren integrar entre nosotros.

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