Riesgo de rebajas salariales
Alemania le impuso a España, en nombre de la Unión Europea, una serie de deberes que están ya hechos o en proceso de ejecución, como la reforma del mercado laboral o de las pensiones, pero quedan asignaturas pendientes, entre ellas el futuro de los salarios y de la negociación colectiva. Y ya se sabe que cuando la clase política empieza a hablar de estas cosas, para imponer su agenda, no es precisamente porque alguien esté pensando en subir los sueldos de la mayoría de la gente.
¿Cuál es la justificación esta vez? La palabra clave se llama productividad, el elemento que se considera indispensable para que España sea capaz de exportar más, de modo que pueda equilibrar su balanza comercial y, más en general, su déficit exterior. En otras palabras, importamos más de lo que exportamos y, por si fuese poco, financiamos consumo interno con ahorro externo, lo cual configura un mal cuadro macroeconómico solo aliviado por los ingresos del turismo y las actuaciones de algunas multinacionales, como Inditex.
La corriente favorable a vincular los sueldos a la productividad tropieza con los criterios de los sindicatos, partidarios de mantener los incrementos salariales ligados a la inflación, pero cada vez está mejor instalada en las altas esferas gubernamentales y, por supuesto, en la derecha (PP) y en la patronal (CEOE). Desde la izquierda, políticos como el ex presidente Felipe González justifican la medida como el mejor camino para competir sin salarios bajos, pero si bien ese criterio puede ser digerible en industrias que produzcan con mucho valor añadido, está lejos de comprender hoy por hoy la mayoría de las empresas. El debate está abierto y el acuerdo no será fácil. Los sindicatos están de nuevo abocados a realizar concesiones importantes, por mucho que haya trabajadores de determinadas empresas y sectores que, a medio plazo, puedan mejorar sus ingresos con los nuevos criterios.
Para Galicia las cosas pintan mal. Es verdad que aquí hay empresas como Inditex o Citroën donde ligar salarios y productividad puede ser positivo, tanto para los trabajadores como para las propias empresas, que podrían aumentar su ya probada capacidad de exportación, pero la mayoría del tejido productivo de Galicia está a años luz de parecerse al de esas multinacionales.
El reto no es pequeño para nadie, tampoco para el presidente de la Xunta y sus conselleiros, si finalmente se deciden a gobernar este país, asumiendo su papel central en la organización económica del mismo. Todo lo que viene –privatización de la caja, mayor productividad, etcétera— requiere nuevos planteamientos en clave de país y quizá un consenso político que el calendario electoral dificulta.
No se trata de ser catastrofistas ni de meterle el miedo en el cuerpo a la gente sin necesidad, pero tampoco de eludir que eso que llaman los economistas el avance de la productividad real por empleado significa que en Galicia van a cambiar sus empresas no menos de lo que lo hicieron para adaptarse a la entrada en la entonces CEE, hoy Unión Europea. Desde el exterior ya no financian nuestra caja, como en cambio hicieron con Caixa Galicia y Caixanova en los años del boom inmobiliario, y además castigan con altos intereses la financiación de nuestro déficit presupuestario. La salida pasa, evidentemente, por volver a crecer, y para eso hace falta liquidez financiera y proyectos empresariales capaces de competir en el mercado interno, pero también en el exterior. Lo más probable es que vamos a ver compañías emergentes, pero también fracasos empresariales, dado que tampoco se trata de fundamentar el futuro en salarios bajos, como a menudo se hace en Galicia, sino en salarios altos sostenidos por empresas competitivas.
