El presidente Zapatero reacciona

Por alguna extraña razón, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha esperado al Comité Federal del PSOE para asegurar que será implacable ante la amenaza de ETA de volver a matar. En sus anteriores comparecencias, o bien por el tono utilizado o bien por el propio fondo de la cuestión, el joven presidente había dado muestras de más tibieza. Pero ante los suyos, sí estuvo más en línea con la línea dura que tanto predica el PP, a cuyo líder, Mariano Rajoy, recibirá este lunes en la Moncloa, en busca de un consenso que se presenta difícil pero tampoco imposible.

Respaldado por el PNV, que califica la estrategia de ETA de fascismo puro -miles de personas viven en un tipo de cárcel, por la amenaza de que les maten cuando salgan de casa, dijo el nacionalista Josu Jon Imaz-, Zapatero trata de hacerse valer entre sus bases electorales, sin perder los apoyos necesarios para agotar su primera legislatura en el poder. Sabe que el PP va a lo suyo y que ha encontrado en la política antiterrorista un arma muy valiosa para recomponer su maltrecha situación tras el 14-M, hasta el punto de que en España casi no se habla de otra cosa. Darle la vuelta a esa situación es precisamente el primer objetivo de ZP ya como candidato, consciente de que sus políticas sociales y económicas están pasando más bien inadvertidas.

Es tal la simplificación que se hace de todo que el traslado del preso de la banda terrorista ETA José Ignacio de Juana Chaos a la prisión madrileña de Aranjuez desde el hospital Donostia de San Sebastián, justo cuando terminaba el alto el fuego, y la decisión judicial de enviar a prisión a Arnaldo Otegi pudieran ser consideradas como parte de esa reacción, cuando se supone que en un Estado de derecho ambas cosas discurren por cauces judiciales que deben ser independientes. No es ninguna novedad que la izquierda abertzale ilegalizada sitúe la detención de Otegi -principal interlocutor del independentismo- en un contexto de venganza política y de prolegómeno de una cierta barra libre, pero sería un inmenso error que esa interpretación fuese asumida por los partidos democráticos, como si resultase posible competir políticamente por aplicar sentencias duras. El PP debería ser más cuidadoso con este tipo de cosas, ya que a veces da la impresión de que desde el Ejecutivo se puede decidir por los jueces. Un partido que quiere ser alternativa de Gobierno no puede plantear tan a la ligera ilegalizaciones y detenciones. España no es una tómbola.