La política territorial española
El modelo territorial volvió al epicentro del debate político un cuarto de siglo después de ser el
El modelo territorial volvió al epicentro del debate político un cuarto de siglo después de ser el principal quebradero de cabeza en el proceso de gestación de la Constitución de 1978. Es indiscutible que en poco se parece aquella situación a ésta, más aún si cotejamos los datos de 1982, apenas dos años después de arrancar el Estado de las Autonomías, con los actuales. En 1982 el gasto público de la Administración central suponía el 79,7%, las recién estrenadas comunidades representaban el 7,7% y los municipios el 12,7%. En la actualidad, el gasto de la Administración General del Estado es inferior al 50%, las autonomías superan el 35% y los gobiernos locales gestionan el 15%. Por eso, entre otras razones, estamos debatiendo sobre un nuevo modelo del Estado.
La descentralización del gasto público ilustra el desarrollo del Estado de las Autonomías desde aquel año 78, en el que sólo había una demanda firme de autogobierno en País Vasco, Cataluña y en Galicia -aquí de forma más ténue-, amparadas las dos primeras en el estatuto aprobado durante la II República y en tener el proceso muy avanzado el caso de la tercera. El proceso de construcción de este Estado de las Autonomías ha sido largo y abierto, en parte debido a que se partió de la premisa de encontrar el consenso.
La reforma limitada de la Constitución del 78 –recordemos: Senado territorial y de primera lectura para temas autonómicos, reconocimiento explícito de la nueva ¿carta constitucional? europea, inscripción del nombre de las comunidades autónomas y derogación de la cláusula que discrimina a las mujeres en la sucesión de la Corona— no abre exactamente la mano para reformar los estatutos de autonomía, pero si los condiciona en la medida en que han de adaptarse a la propia Carta Magna. Tenemos por tanto en juego las reformas ligadas a los estatutos y la Constitución, y por extensión al Senado como cámara territorial, la financiación autonómica, el déficit sanitario y las relaciones de las comunidades con la Unión Europea. Asuntos de gran calado político, que requieren mucha negociación, tiempo y consenso. Pero la gran clave política será que Euskadi se enganche a la vía catalana, sin que ésta se le vaya de las manos a nadie.
La descentralización del gasto público ilustra el desarrollo del Estado de las Autonomías desde aquel año 78, en el que sólo había una demanda firme de autogobierno en País Vasco, Cataluña y en Galicia -aquí de forma más ténue-, amparadas las dos primeras en el estatuto aprobado durante la II República y en tener el proceso muy avanzado el caso de la tercera. El proceso de construcción de este Estado de las Autonomías ha sido largo y abierto, en parte debido a que se partió de la premisa de encontrar el consenso.
La reforma limitada de la Constitución del 78 –recordemos: Senado territorial y de primera lectura para temas autonómicos, reconocimiento explícito de la nueva ¿carta constitucional? europea, inscripción del nombre de las comunidades autónomas y derogación de la cláusula que discrimina a las mujeres en la sucesión de la Corona— no abre exactamente la mano para reformar los estatutos de autonomía, pero si los condiciona en la medida en que han de adaptarse a la propia Carta Magna. Tenemos por tanto en juego las reformas ligadas a los estatutos y la Constitución, y por extensión al Senado como cámara territorial, la financiación autonómica, el déficit sanitario y las relaciones de las comunidades con la Unión Europea. Asuntos de gran calado político, que requieren mucha negociación, tiempo y consenso. Pero la gran clave política será que Euskadi se enganche a la vía catalana, sin que ésta se le vaya de las manos a nadie.
