Cinco obispos en campaña
Los obispos de Galicia quieren influir en el voto de los católicos el 1 de marzo, para lo cual han publicado una
Los obispos de Galicia quieren influir en el voto de los católicos el 1 de marzo, para lo cual han publicado una serie de criterios en los que dan tantas pistas que todos entendemos lo que ellos desean que hagan.
El lenguaje utilizado esta vez por la Iglesia es moderado y parece dejar atrás los tiempos en los que el protagonismo político episcopal culminaba con concentraciones masivas –la última, a diez semanas de las pasadas elecciones generales– y con la publicación de llamadas públicas a no votar a los socialistas y a la izquierda. Digamos que se ha pasado de lo explícito a lo implícito. Pero más allá del lenguaje cuidado y del buen estilo, yendo al fondo de la cuestión, procede recordar la separación entre la Iglesia y el Estado, ya que hay que respetar todas las opiniones pero también las normas propias de un Estado de Derecho, partiendo de que las creencias religiosas constituyen un asunto de conciencia, en la medida en que la religión pertenece al ámbito estrictamente privado. De hecho, habíamos quedado en que la Iglesia “promueve el respeto a la legítima autoridad del Estado”, según otra nota firmada no hace mucho por la propia Conferencia Episcopal.
Todo este conflicto casi permanente entre la cúpula de la Iglesia, las instituciones y ciertos partidos políticos hunde sus raíces en un problema que trasciende las elecciones gallegas. A fin de cuentas, de una Iglesia de Antiguo Régimen no se pasa en dos días a un sistema laico. Lo intentó la II República de malas maneras y la guerra civil truncó la posibilidad de que España siguiera, sin ir más lejos, el ejemplo de la vecina Francia, donde ciertos debates que todavía se dan aquí allí son impensables desde hace mucho tiempo. Aquel anticlericalismo de la República empujó a la Iglesia a abrazarse al franquismo, del que supo tomar distancias en su recta final para jugar un papel más neutral en la Transición. A continuación, la Constitución del 78 procuró encauzar el viejo conflicto entre la Iglesia y el Estado en un artículo que escribió, por cierto, Manuel Fraga de su puño y letra, y desde entonces, ambas partes han protagonizado un constante tira y afloja, más acusado bajo los gobiernos socialistas y de manera especial en los tiempos del presidente Rodríguez Zapatero.
Lo que suele llamarse la cuestión religiosa está básicamente resuelta en la España democrática pero algunos parecen empeñados todavía en resucitar fantasmas del pasado. Este tipo de paternalismos que a veces se mezclan con radicalismos dialécticos de la cúpula de la Iglesia, lejos de concederle credibilidad, la minan y dicen poco de un rigor intelectual que se le supone. Incluso resulta que entre los criterios que pueden ayudar a los católicos gallegos a “discernir” electoralmente el 1 de marzo está el de la defensa de la vida humana “en toda circunstancia desde el momento de su concepción hasta la muerte” –léase el aborto–, cuando esta vidriosa cuestión ni siquiera es una competencia autonómica.
El lenguaje utilizado esta vez por la Iglesia es moderado y parece dejar atrás los tiempos en los que el protagonismo político episcopal culminaba con concentraciones masivas –la última, a diez semanas de las pasadas elecciones generales– y con la publicación de llamadas públicas a no votar a los socialistas y a la izquierda. Digamos que se ha pasado de lo explícito a lo implícito. Pero más allá del lenguaje cuidado y del buen estilo, yendo al fondo de la cuestión, procede recordar la separación entre la Iglesia y el Estado, ya que hay que respetar todas las opiniones pero también las normas propias de un Estado de Derecho, partiendo de que las creencias religiosas constituyen un asunto de conciencia, en la medida en que la religión pertenece al ámbito estrictamente privado. De hecho, habíamos quedado en que la Iglesia “promueve el respeto a la legítima autoridad del Estado”, según otra nota firmada no hace mucho por la propia Conferencia Episcopal.
Todo este conflicto casi permanente entre la cúpula de la Iglesia, las instituciones y ciertos partidos políticos hunde sus raíces en un problema que trasciende las elecciones gallegas. A fin de cuentas, de una Iglesia de Antiguo Régimen no se pasa en dos días a un sistema laico. Lo intentó la II República de malas maneras y la guerra civil truncó la posibilidad de que España siguiera, sin ir más lejos, el ejemplo de la vecina Francia, donde ciertos debates que todavía se dan aquí allí son impensables desde hace mucho tiempo. Aquel anticlericalismo de la República empujó a la Iglesia a abrazarse al franquismo, del que supo tomar distancias en su recta final para jugar un papel más neutral en la Transición. A continuación, la Constitución del 78 procuró encauzar el viejo conflicto entre la Iglesia y el Estado en un artículo que escribió, por cierto, Manuel Fraga de su puño y letra, y desde entonces, ambas partes han protagonizado un constante tira y afloja, más acusado bajo los gobiernos socialistas y de manera especial en los tiempos del presidente Rodríguez Zapatero.
Lo que suele llamarse la cuestión religiosa está básicamente resuelta en la España democrática pero algunos parecen empeñados todavía en resucitar fantasmas del pasado. Este tipo de paternalismos que a veces se mezclan con radicalismos dialécticos de la cúpula de la Iglesia, lejos de concederle credibilidad, la minan y dicen poco de un rigor intelectual que se le supone. Incluso resulta que entre los criterios que pueden ayudar a los católicos gallegos a “discernir” electoralmente el 1 de marzo está el de la defensa de la vida humana “en toda circunstancia desde el momento de su concepción hasta la muerte” –léase el aborto–, cuando esta vidriosa cuestión ni siquiera es una competencia autonómica.
