Galicia y la España que viene
España es un Estado tan federal como cualquier otro de los Estados federales que existen en el mundo. La diferenc
España es un Estado tan federal como cualquier otro de los Estados federales que existen en el mundo. La diferencia, como ya dijo Maragall, estriba en que en España aún no le llamamos así. Fuera sí lo hacen. De hecho, en la obra que la Universidad La Sapienza, de Roma, editó con el expresivo título Quale, dei tanti federalismi?, el modelo federal español se analiza tras el de los EE UU, y antes del belga, el suizo, el alemán o el austriaco. La historia demuestra que el federalismo ofrece soluciones a los problemas de las divisiones sociales, étnicas, religiosas y políticas, al asumir que hay intereses y valores en conflicto y que ese conflicto es normal. Normal pero gestionable, ya que los conflictos son en el fondo desafíos y procesos normales de la política. Siendo una posible solución para España, el federalismo tropieza en cambio con quienes ven en él un peligro para la unidad del Estado y también con quienes, sintiéndose nacionalistas, no quieren renunciar a la independencia. A la hora de la verdad, sólo el PSC se proclama federalista en España, en medio de una fuerte incomprensión dentro y fuera de su partido hermano, el PSOE.
Pero si todo esto es sorprendente, aún lo es más que España esté articulando sus cuentas públicas sin un marco claro de referencia y en medio del oscurantismo. Quienes así actúan construyen, de paso, un Estado donde el Gobierno central está a un paso de quedarse con menos del 20% del gasto público, frente a una cuota del 13% para los ayuntamientos y de un porcentaje más próximo al 40 que al 35% en manos de las autonomías. El 30% restante es de la Seguridad Social. La incertidumbre sobre los dos primeros porcentajes se debe a que el Gobierno carece de un modelo claro y transparente sobre la financiación autonómica, cada día más difícil de encajar y condicionada por el Estatut de Cataluña.
No es, desde luego, el mejor de los escenarios posibles para una comunidad como Galicia cuyo peso en el conjunto del Estado es cada vez menor en términos de población, cuando el gasto por habitante es el factor que cotiza al alza en la subasta de fondos. Dicho en otras palabras: Galicia corre el riesgo de pagar caro no haber crecido demográficamente, no haberse rejuvenecido y no haber concentrado más su población en torno a las grandes ciudades. Algo se ha avanzado, es verdad, pero no lo suficiente para acomodarse a la nueva realidad de España.
A propósito de la financiación autonómica, Galicia afronta una negociación clave en un clima preelectoral, donde el ministro Solbes se ha sacado de la chistera un mayor grado de autonomía financiera –aumenta la cesión del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales hasta el 50% en los dos primeros casos y el 58% en el tercero–, si bien lo realmente importante son las cuantías y porcentajes de la nivelación de los servicios básicos, que es donde está la madre del cordero.
Pero si todo esto es sorprendente, aún lo es más que España esté articulando sus cuentas públicas sin un marco claro de referencia y en medio del oscurantismo. Quienes así actúan construyen, de paso, un Estado donde el Gobierno central está a un paso de quedarse con menos del 20% del gasto público, frente a una cuota del 13% para los ayuntamientos y de un porcentaje más próximo al 40 que al 35% en manos de las autonomías. El 30% restante es de la Seguridad Social. La incertidumbre sobre los dos primeros porcentajes se debe a que el Gobierno carece de un modelo claro y transparente sobre la financiación autonómica, cada día más difícil de encajar y condicionada por el Estatut de Cataluña.
No es, desde luego, el mejor de los escenarios posibles para una comunidad como Galicia cuyo peso en el conjunto del Estado es cada vez menor en términos de población, cuando el gasto por habitante es el factor que cotiza al alza en la subasta de fondos. Dicho en otras palabras: Galicia corre el riesgo de pagar caro no haber crecido demográficamente, no haberse rejuvenecido y no haber concentrado más su población en torno a las grandes ciudades. Algo se ha avanzado, es verdad, pero no lo suficiente para acomodarse a la nueva realidad de España.
A propósito de la financiación autonómica, Galicia afronta una negociación clave en un clima preelectoral, donde el ministro Solbes se ha sacado de la chistera un mayor grado de autonomía financiera –aumenta la cesión del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales hasta el 50% en los dos primeros casos y el 58% en el tercero–, si bien lo realmente importante son las cuantías y porcentajes de la nivelación de los servicios básicos, que es donde está la madre del cordero.
