CENSURA POR SI ACASO

LA inesperada y llamativa decisión del Gobierno de Galicia de retirar la ayuda oficial a la gala de los premios M
LA inesperada y llamativa decisión del Gobierno de Galicia de retirar la ayuda oficial a la gala de los premios Max de las artes escénicas, que iba a celebrarse en mayo en Santiago de Compostela, revela que el fantasma de los Goya --todo un altavoz del No a la guerra-- planea como una negra sombra sobre las administraciones gobernadas por el Partido Popular. Manuel Fraga no quiere que le sacudan aquellos a los que subvenciona y, en consecuencia, no tiene el más mínimo problema en reconocer que "pagar para que le insulten a uno, no lo hace más que un tonto".

Se agradece la cruda sinceridad que ha demostrado el presidente gallego, pero no es aceptable ni la forma ni el fondo de la cuestión que plantea. En esencia, porque el dinero asignado a la gala de los Max es de todos los contribuyentes, y no sólo de la Xunta y del Partido Popular; menos aún del ciudadano Fraga Iribarne, que sólo lo administra.

A menudo los políticos confunden estas cosas tan elementales. Pero aún hay algo peor: que la sociedad lo asuma sin rechistar, hasta ponerse a la cola del clientelismo. Quizá por eso mismo al Gobierno y a la Xunta no les interesa Nunca Máis, que exige y protesta desde la independencia. Y, viendo cómo la persistente plataforma nacida a la sombra del Prestige se autofinancia, las paga ahora este esperpéntico Nunca Max, económicamente más débil.

La tesis de Fraga también es posible analizarla por pasiva. Si, utilizando su propio lenguaje, no les pagan a los artistas para que les insulten, podría pensarse que habitualmente les pagan para que les adulen o al menos se muestren condescendientes. Tanta intolerancia resulta tan perversa como inaceptable y prueba otra cosa más: el criterio de la guerra preventiva también se aplica ahora a la discrepancia por si acaso, que diría el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Un padre de la Constitución como Manuel Fraga debería haber reparado en que, tras su unilateral decisión, nada menos que está en juego la libertad de expresión consagrada en la Carta Magna. Ojalá, pues, que rectificar siga siendo cosa de sabios.

¿O acaso no dicen los del PP que hay que defender la Constitución, sin alterarla?
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El Periódico de Catalunya.