Batasuna, Garzón y la ley

La detención por orden del juez Baltasar Garzón de los 23 miembros de la mesa nacional de la ilegal Batasuna marca un cambio de rumbo en las actuaciones de la justicia española. Para proceder así, se pone por delante la complementariedad política de los detenidos con ETA y se constata que sus actividades orgánicas están judicialmente suspendidas, como fruto de un proceso penal por supuesta integración de sus ex dirigentes en la banda armada. Batasuna, por su parte, se moviliza e interpreta la medida como una declaración de guerra contra el independentismo vasco. Hasta ahí una parte de los hechos que centran la vida política española.

¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora haya detenciones de miembros de Batasuna no juzgados previamente? ¿Ha cambiado la legislación o, por el contrario, se trata de que, una vez rota la tregua de ETA, la ley se aplica de distinto modo? Como no ha cambiado ninguna ley, es evidente que se están aplicando nuevas interpretaciones, lo cual es un terreno muy resbaladizo para el juez Garzón y para el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que se apoya en su fiscal y en los cuerpos de seguridad.

Tras el espectáculo televisado, a Baltasar Garzón le queda por recorrer ahora el camino más difícil: probar la vinculación de los detenidos con ETA, lo cual no requiere indicios y menos aún intuiciones, sino pruebas evidentes. Y si eso es complicado, todavía puede serlo más distinguir la actividad política de los líderes de Batasuna a nivel personal de su actuación colectiva como partido ilegalizado. La situación recuerda lo sucedido con el mismo juez cuando se rompió la otra tregua en tiempos de José María Aznar, por lo que de alguna manera la historia se repite. Lo demás también es conocido: el Gobierno vasco y el partido que lo sustenta, el PNV, se desmarcan de este tipo de políticas, por considerarlas estériles, mientras vuelve a planear la amenaza de ETA y de la kale borroka. El PP habla de oportunismo. En marzo habrá elecciones generales...