Los tribunales han ido en contra de la ley de Cargo Público
El último esfuerzo por parte de la administración de Trump por dificultar la entrada de inmigrantes en Estados Unidos acaba de ser contradicho en los tribunales.
La ley de Cargo Público, o de Inadmisibilidad en Base a Cargo Público, es una regulación que evita que aquellos inmigrantes que dependan de ayudas del estado (asistencia médica, estampillas para alimentos, vivienda pública...) puedan optar a la ciudadanía. Dentro de la normativa se incluyen las definiciones de cargo público y beneficio público y se explican los factores que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos tiene en consideración para determinar la inadmisibilidad de un aplicante a la ciudadanía o a una visa.
Visa aprobada. / Pixabay
Desde la publicación de esta normativa ha habido numerosas quejas, afirmando que la legislación afectaría a iniciativas como Medicaid, un programa estadounidense que se orienta a proveer de tratamientos médicos a personas en escasez de medios, y a comunidades enteras que dependen de estos recursos públicos.
Sin embargo, desde las Cortes de Apelaciones de Estados Unidos se acaba de invalidar la normativa en una sentencia que vendría dando la razón al juez George B. Daniels, que la semana pasada había expedido un mandato temporal en el Tribunal del Distrito de Manhattan que suspendía los criterios de evaluación para la elegibilidad impuestos por la ley de Cargo Público, en base a que evitaba que los residentes acudiesen a los servicios sanitarios durante la pandemia.
De acuerdo con la ley de Cargo Público, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos debería de tener en cuenta la edad, salud, situación familiar, situación financiera, recursos, educación… de todos los aplicantes a la ciudadanía estadounidense. Lo que traduce en que los grupos vulnerables ,que dependen de servicios públicos para sobrevivir, podrían considerar dejar de acudir a estas ventanas con tal de obtener la ciudadanía.
Son muchas las barreras que se han colocado desde el gobierno de Donald Trump para evitar que los inmigrantes puedan conseguir la ciudadanía, desde elevar las tasas de solicitud, hasta invalidar las exenciones y los tiempos de proceso del documento.
Protestas contra las políticas de inmigración de Trump. / Pixabay
La pregunta es a quién benefician estas normativas. Trump ha afirmado públicamente que no está en contra de la inmigración legal y que quiere proteger a los Estados Unidos de criminales extranjeros, sin embargo, estas leyes a quienes más van a afectar es a personas que ya residen en los Estados Unidos y se encuentran en una situación de vulnerabilidad, posiblemente a inmigrantes legales con problemas financieros o falta de recursos. Tal y como se ha visto en los tribunales, puede desanimar a grupos amplios de gente de acudir a servicios de salud esenciales en una situación de crisis sanitaria global donde, además, Estados Unidos, es el país que más siente el azote del coronavirus. @mundiario
